Las autoridades iraníes ordenaron la ejecución de una serie de activistas kurdos, acusados de supuestamente participar en actividades terroristas.
Defensores de derechos humanos indicaron a la agencia ARA que 29 activistas políticos kurdos, que durante meses estuvieron encarcelados en la prisión de Raja’i, en Teherán, fueron ejecutados por cargos de terrorismo.
Las víctimas fueron ahorcadas públicamente el miércoles pasado.
“Ellos fueron condenados por cargos de terrorismo a causa de su participación en actividades políticas contra el régimen iraní”, declaró el defensor de los derechos Riyad Othman.
Esto se produce dos semanas después de que las fuerzas de seguridad iraníes detuvieron a más de 40 jóvenes activistas y ejecutaron al menos a 27 de ellos.
“Las autoridades no anunciaron la verdadera razón de la ejecución de esas personas. Se dijo que eran un grupo de traficantes de droga, pero esta es una acusación infundada fabricada para engañar a las organizaciones de derechos internacionales. Las víctimas eran activistas políticos y la mayoría de ellos eran kurdos”, señaló el político kurdo iraní Enwer Mohamadi.
“Estamos siendo testigos de estas ejecuciones brutales en las calles de Irán, mientras que la comunidad internacional sigue siendo incapaz de tomar medidas contra este régimen totalitario”, remarcó Mohamadi a ARA.
El régimen iraní ha ejecutado a decenas de activistas de la oposición en todo el país, según fuentes locales.
Mientras tanto, varias organizaciones de derechos humanos condenaron las prácticas brutales por parte de las autoridades iraníes, en especial la ejecución pública de figuras de la oposición y las actividades de derechos civiles.
Según los informes, el gobierno de la República Islámica de Irán ha ejecutado al menos a 2.500 personas en los últimos dos años .
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) emitió un comunicado en el que afirma que “la comunidad internacional no puede continuar ignorando tan graves violaciones de la ley internacional por parte de las autoridades iraníes. La ejecución de un gran número de prisioneros kurdos sunitas basada en confesiones forzadas y juicios amañados es una afrenta a los más básicos estándares de los derechos humanos”.
Según la FIDH, éstas personas negaron estar implicadas en actividades violentas y denunciaron que fueron arrestadas y juzgadas solo por sus creencias y por organizar reuniones y distribuir material religioso.
La ONU también criticó las ejecuciones y mencionó que es especialmente preocupante que “la mayoría de casos, sino todos, correspondan a un grupo minoritario de individuos suníes de la comunidad kurda”.
De acuerdo a la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en muchos casos “hay serias dudas de que el juicio fuese justo, de que se respetó el debido proceso y otros derechos de los acusados”.
Agregó que se han recibido reportes de que uno de los hombres ahorcados fue golpeado y obligado a firmar un papel en blanco en el que luego se escribió una confesión falsa, además de que su familia no pudo verlo ante de ser ejecutado.
“La formulación de una manera amplia y vaga de cargos criminales, junto con el menosprecio de los derechos de los acusados a un debido proceso y a un juicio justo ha llevado a una grave injusticia en estos casos”, sostuvo el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Husein.
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