Hace varios años atrás y, en especial en éste, el reconocido futbolista argentino, Armando Maradona, se había referido a la corrupción que reinaba en la FIFA-Federación Mundial de Fútbol Asociado-y el papel de su presidente, Joseph Blatter, lo cual había sido desestimado por gran parte de la prensa hegemónica sugiriendo que sus problemas de droga y agresividad lo llevaba a dicha afirmación. Era el intento, supuestamente, de permanecer en primer plano. Ante ello, la FIFA habría reaccionado estableciendo que el astro del balompié no pudiese ingresar a ningún estadio del próximo mundial como periodista acreditado. Sus afirmaciones sobre sobornos y los 4900 millones de dólares con que se quedaría la institución, entregándole solo 35 al campeón del mundo, fueron detonantes.
Sin embargo, dichas afirmaciones nuevamente están en la palestra pública internacional y tienen comprobación pues varios dirigentes considerados los jerarcas del fútbol latinoamericano fueron arrestados en Suiza, informándose de su posible extradición a Estados Unidos ya que son acusados por dicha nación en lo concerniente a corrupción "rampante, sistemática y arraigada", solicitud de captura hecha a Suiza por la misma Fiscal General de Estados Unidos, Loretta Lynch, junto con el Director del FBI, intentando la detención y, por sobre todo, la extradición de dichos sujetos bajo los lineamientos de la Ley Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations). Esta, la Ley de "Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas”, una de las más severas de ese país, legisla contra las organizaciones criminales y mafiosas desde 1970 siendo norma federal que contempla 38 delitos de fraude fiscal, chantaje, extorsión y lavado de dinero, entre otras.
Sin embargo, este caso confirma lo que se ha venido denunciando por especialistas de la sociología del deporte (1) y otros analistas desde décadas en relación a la vida política, material y social del deporte privado, especialmente atrofiado en sus valores cuando la mercantilización se apropia de la mente de los empresarios y, luego, de los propios jugadores que, ilusionados y con razón, aspiran a aparecer en las portadas de los diarios como magnates y artífices de triunfos.
Cabe destacar en esta situación concreta algunos hechos importantes de analizar como la apertura por parte de la fiscalía suiza de un expediente penal por el proceso en el que la FIFA eligió las sedes de los mundiales de 2018 y 2022. Pese a dicha situación, el organismo rector del fútbol descartó realizar una nueva votación para elegir las sedes de los mundiales ya otorgados a Rusia y a Catar, respectivamente, lo que motivó en esta última selección graves denuncias de presiones indebidas.
Paradójicamente (y de modo comprensible para el negocio), no obstante la grave situación ocurrida, ello no ha sido obstáculo alguno para que la misma organización haya manifestado que las elecciones presidenciales de este viernes, en las que su presidente Joseph Blatter buscará un quinto período al mando con amplias posibilidades de ser reelegido, se realizarán como están programadas. Al respecto, en ninguna investigación aparece mencionado este funcionario por lo cual no existe imputación alguna y puede participar libremente.
En tanto, ya el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció los nombres de los arrestados entre los que figuran numerosos latinoamericanos, indicando una dirección definida. Entre ellos, están el uruguayo Eugenio Figueredo, representante de la Conmebol en el comité ejecutivo de la FIFA, el presidente de la CONCACAF y vicepresidente de la FIFA Jeffrey Webb, el vicepresidente de la FIFA y líder de la Federación de Venezuela, Rafael Esquivel, el presidente de la Federación de Costa Rica y candidato al comité ejecutivo de la FIFA, Eduardo Li. También fueron arrestados el ex presidente de la federación brasileña, José María Marín, el nicaragüense Julio Rocha y el asesor del presidente de la CONCACAF, Costas Takkas.
Las denuncias y posterior arresto se fundamenta en la sospecha que estuvieron involucrados en la recepción o pago de millones de dólares en sobornos, lo que habría sido realizado a través de bancos estadounidenses, convirtiéndose en un delito federal y causa de que la fiscalía estadounidense intervenga. En ese sentido, según su legislación las penas para estos casos podrían otorgarles hasta 20 años de cárcel, de ser hallados culpables. Otros imputados son el reconocido y controvertido ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz y el ex líder de la CONCACAF, Jack Warner. Las iregularidades en las asignaciones de sedes mundialistas, acuerdos de transmisión, fraude, lavado de dinero, pago de sobornos, fraude electrónico, alianzas con ejecutivos de marketing deportivo, sería la acción fraudulenta cometida desde 1991.
En esta coyuntura resalta de manera preocupante que las reflexiones sean referidas a la corrupción como si fuera un elemento perturbador de la actividad deportiva pagada y fundada en el lucro, cuando en realidad está asociada en la medida que siempre existe la tendencia al desvío, especialmente si el espectáculo sirve como mecanismo reproductor de dinero.