Así se venga Erdogan de los funcionarios partidarios de Gülen

Además de las masivas detenciones posteriores a la asonada militar, el Gobierno turco sigue tomando medidas contra los seguidores del líder opositor.

Unos 13.000 funcionarios turcos deberán devolver sus salarios de los últimos seis años por acceder a sus cargos en una oposición supuestamente manipulada por simpatizantes del líder disidente Fethulá Gülen, a quien Ankara considera “instigador” del golpe de Estado fallido que costó la vida a 283 personas y causó miles de heridos en julio pasado.

Los seguidores de Gülen habrían recibido de antemano las preguntas y respuestas del Examen de Selección de Funcionarios Públicos (KPSS, en turco) y otros exámenes efectuados en 2010, informaron el martes varios medios turcos que citan un anuncio oficial.

Los funcionarios afectados por esta decisión del Gabinete deberán devolver sus salarios más intereses, lo que de media son unos 100.000 euros, según las referidas fuentes. Debido al actual estado de emergencia en el país, no es posible recurrir esta decisión.

El Ejecutivo del Partido Justicia y Desarrollo (AKP, en turco) acusa a Gülen, quien vive desde 1999 exiliado en Estados Unidos, de estar detrás del fallido golpe.

Desde entonces, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el Gobierno y la Justicia impulsan una verdadera purga de los sistemas judicial, militar, administrativo y educativo, en busca de supuestos simpatizantes del clérigo opositor.

Más de 35.000 personas han sido detenidas en relación con la intentona golpista, de las cuales 17.740 han sido puestas en prisión preventiva, 11.597 han sido liberadas y 5685 siguen bajo custodia policial, según ha indicado un alto cargo turco a la agencia Reuters.

Un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado al amparo del estado de emergencia modifica dos provisiones de la ley penal para permitir la salida en libertad condicional de numerosos presos, ha anunciado el ministro de Justicia, Bekir Bozdag.

Estas dos medidas posibilitarán la salida en libertad condicional de unas 38.000 personas, ha especificado Bozdag, subrayando que no se trata de una “amnistía”, sino de un cumplimiento de la condena fuera de la prisión.