Venezuela tiene una constitución que es de las más democráticas y avanzadas del mundo, tiene unas elecciones, como decimos, auditadas internacionalmente en las cuales la oposición concurre sin problemas y hasta es capaz de ganar algunos gobiernos locales y estatales sin que vaya nadie a fusilarlos por ello, no solo tiene en vigencia tres poderes del estado separados entre sí, sino que tiene cinco poderes que ejercen como tales y son elegidos de manera democrática, todos los procedimientos ejecutivos son activados mediante respaldo legal-constitucional y los legislativos lo mismo, tiene hasta la posibilidad de activar revocatorios para todos los cargos electos, existe una relativa descentralización que, entre otras cosas, permite que las competencias en materia de seguridad estén en muchos municipios casi copadas por los aytmos. locales en manos de la oposición, los movimientos opositores están legalizados y no son perseguidos en ningún caso (salvo, obviamente, cuando actúan de forma violenta y/o golpista), los opositores entran y salen del país al gusto sin que nadie se lo impida, líderes de la derecha internacional entran y salen del país al gusto, los medios de comunicación están en su mayoría en manos de la iniciativa privada y son duramente críticos con el gobierno, existe libertad de expresión, de información, de culto, de manifestación y de reunión, menuda dictadura extraña, ya digo.
Claro que la permanente campaña golpista que los opositores vienen desarrollando desde que Chávez asumió el poder puede llevar al gobierno a cometer algunos excesos para defenderse de tales intentos, por ejemplo, lo puede llevar a abusar del procedimiento constitucional de las “leyes habilitantes”, y claro que es verdad que con frecuencia los “chavistas” usan sus mayorías parlamentarias, obtenidas en las urnas, para legislar con el objetivo de cercar a la oposición en sus estrategias desestabilizadoras, y tampoco se puede negar que hay ciertas prácticas gubernamentales que no se deberían dar de esa manera si el país viviera en una deseable situación de normalidad democrática, tales como el control absoluto que el gobierno ejerce sobre los medios públicos o el abuso de los recursos del estado para apoyar la labor gubernamental con campañas de autobombo, etc., pero es que la situación en tal país no es precisamente de normalidad democrática, y muchas de estas cosas además, que condenaríamos en cualquier país del mundo si un gobierno al que no apoyamos los usara contra nosotros, se empiezan a dar después del intento fallido de golpe de 2002 que sacó ilegalmente al Presidente Chávez del gobierno durante dos días, en el momento en que el gobierno entiende su debilidad frente a los poderes fácticos que durante décadas habían gobernado con mano de hierro Venezuela y que ya entonces se negaban a dejar el poder en manos de un gobierno de “advenedizos” y “parias” que estaban desafiando algunos de sus privilegios. No lo justifica ni lo legitima, pero, desde luego, sirve para poner la situación del país en su contexto real.
Venezuela no es una democracia perfecta (¿lo es algún estado?, ¿lo es España?), claro que no, el país, además, tiene graves problemas sociales, políticos y económicos en diferentes ámbitos (inseguridad, corrupción, desabastecimiento, inflación, etc.) pero llamarlo dictadura es mentir y hacerle el juego a los verdaderos antidemócratas que en Venezuela no son precisamente los que apoyan al gobierno. En Venezuela, con más o menos dificultades, con más o menos problemas, el estado de derecho, el procedimiento electoral, las garantías judiciales y procesales, y el control de unos poderes sobre otros sigue plenamente vigente, y decir lo contrario es negar la evidencia. Se da la paradoja por ejemplo, de ver a esos opositores que salen en los medios de comunicación rodeados de decenas de micrófonos de diferentes medios (la mayoría de ellos privados y opositores como ellos) para decir que en Venezuela no hay libertad de expresión. Es una metáfora de la estrategia opositora en general.
Denuncian que el gobierno hace abusos de autoridad, pero llevan 15 años desarrollando estrategia golpista tras estrategia golpista para desalojarlo de manera violenta y anticonstitucional, ante lo cual, suponemos, esperarán que el gobierno reaccione simplemente mirando para otro lado o “dejándolos estar” aunque ello lleve a incendiar las calles, sabotear la economía del país o directamente derrocar el orden constitucional vía golpe de estado. Critican que las elecciones están amañadas pero se presentan a ellas allí donde creen que pueden vencer y cuando los resultados le son favorables, entonces no dudan de la legalidad y validez de los mismos. Cuestionan la legitimidad constitucional del gobierno en la aplicación de algunas de sus medidas pero hacen uso del revocatorio cuando han creído que les era favorable a su estrategia política y ahora andan haciendo todo los posible para ganar las elecciones legislativas y poder así torpedear, desde la Asamblea Nacional, la labor ejecutiva del gobierno nacional. Se presentan como víctimas de una persecución política pero no han dudado en incendiar las calles o en llamar al asesinato del presidente legítimo del país cada vez que han tenido oportunidad. Se dicen pueblo y en cuanto pudieron pusieron en el gobierno del estado al jefe de la patronal (Pedro Carmona). Se dicen demócratas y lo primero que hicieron tras tomar ilegalmente el poder en 2002 fue firmar un decreto que aniquilaba en su conjunto el orden constitucional (dejando sin validez a la constitución vigente, disolviendo las cámaras legislativas, el poder judicial,y estableciendo un verdadero vacío legal al más puro estilo pinochestista que podía haber justificado cualquier barbaridad). Se llaman patriotas pero apoyan las amenazas y embargos de los EEUU contra su país y hasta llaman a la intervención militar para acabar con el gobierno que la mayoría de su pueblo vota. Y así tantas cosas.
Los políticos encarcelados que ahora tanto resuenan en los medios internacionales, por cierto, son golpistas, ¡golpistas!, implicados en intentos de golpe de estado o en llamamientos a sacar de manera violenta y anticonstitucional al gobierno desde las calles (operación “la salida”), a ver si nos enteramos de una vez, porque si el caso se diera en el estado español, primero que, salvo que fuera un complot del propio estado para salir de una situación indeseada por esa vía antidemocrática, el castigo sería ejemplar y se aplicaría contra ellos la máxima dureza penal, pero es que además aquí los demócratas los llamaríamos poco menos que fascistas. ¿Cuáles son, entonces, las razones que nos pueden llevar a condenar a Venezuela por simplemente aplicar su orden legislativo y constitucional vigente? Ya lo digo yo. Más allá de los intereses políticos que existen para convertir a Venezuela en un tema de debate continuado en el estado español, ninguna. O al menos, ninguna que no se dé igual en España.
Y si encima son personas como Aznar o Felipe González quienes abanderan esa causa y esa petición, simplemente suena a chiste. Los dos mayores criminales de estado que han pasado por la Moncloa son cualquier cosa menos ejemplos de defensa en el propio estado español de aquello que dicen querer defender en Venezuela (los derechos humanos y la defensa de las libertades). El señor X de los GAL, el que abrazó a Vera y Barrionuevo a la puerta de una cárcel tras ser aquellos condenados por secuestro y torturas, el amigo de Carlos Andrés Pérez que bendijo la masacre del gobierno venezolano en el Caracazo, no puede dar lecciones a nadie, no. Y el tipo que mintió en el Congreso repetidas veces sobre aquello de las armas de destrucción masiva solo para legitimar una guerra que contaba con la oposición de la inmensa mayoría del pueblo, el que no dudó en intentar usar el 11-M para su beneficio político tratando de que los medios del mundo entero dijeran que había sido ETA cuando ya se sabía a ciencia cierta que no lo había sido, el que apoyó el golpe contra Chávez en 2002 y reconoció como legítimo el gobierno liberticida, totalitario y antidemocrático de Pedro Carmona, qué vamos a decir también.
¿Condenar a Venezuela? Que condenen ellos primero al régimen español y así, de verdad, nos creeremos que sus intenciones son sinceras y podremos empezar a planteárnoslo. Que resulta muy fácil pedir que se condene no se qué ataque a los derechos humanos en Venezuela, pero qué complicado es para algunos, en cambio, llamar aquí a las cosas por su nombre. Venezuela no será el paraíso, desde luego que no, pero no creo que haya absolutamente nada que podamos decir de lo que allí ocurre que no se pueda decir igualmente, y en mayor medida en muchos casos, aquí. Así que lancemos un órdago a los partidos que van de “superdemócratas” por la vida solo porque continuamente se llenan la boca llamando “dictadura” a Venezuela y pidamos a PP, PSOE, Ciudadanos y todos los demás partidos “superdemocráticos” del estilo que CONDENEN el régimen dictatorial español. Razones las hay de sobra.
Se critica que el presidente venezolano pida al parlamento autorización para gobernar a base de decretos-leyes, sin necesidad de tener que pasar continuamente sus leyes por dicho parlamento, y se dice que, con ello, el gobierno “acumula todo el poder”, mediante la aplicación de las conocidas como “leyes habilitantes”. Decir al respecto nuevamente que, sin duda, no es lo más apropiado para garantizar un correcto y normalizado funcionamiento de una democracia, pero sin olvidar que tales leyes y tal actitud tan “antidemocrática” son, en realidad, el resultado de un proceso que está legitimado y desarrollado en la propia constitución, que para ponerlo en marcha hace falta, nada más y nada menos, que haber ganado las elecciones presidenciales, primero, y tener mayoría absoluta en la Asamblea Nacional tras haber ganado las elecciones legislativas, después (que, por si no se sabe, ambos poderes del estado se votan por separado y en periodos electorales distintos), y que, por supuesto, están sujetas las leyes que se aprueben mediante tal procedimiento a las limitaciones constitucionales establecidas en materia de derechos y libertades. Recordar igualmente que, por un lado, una situación de mayoría absoluta en las cortes (como ahora tiene el PP) es en España, de facto, una situación similar que otorga plena capacidad legislativa al ejecutivo (apoyado en su mayoría parlamentaria-legislativa) y que, además, también aquí existen procedimientos similares que permiten al gobierno establecer distintos tipos de estados de alarma, alerta o excepción si las circunstancias así lo requieren, habiéndose activado uno de estos en los últimos años, ante, nada más y nada menos, ¡que una huelga de controladores aéreos! (situación límite, vaya -sic-), lo que permitió a la Guardia Civil entrar a punta de pistola a sacar a los controladores de sus puestos de trabajo (y con un gobierno del PSOE). Si en España se viviera una situación como la que se vive en Venezuela, todo lo que pasó durante las guarimbas con las calles ardiendo, multitud de edificios públicos (incluidos ministerios y hospitales) incendiados, asesinatos de policías en las manifestaciones, o todo lo que tiene que ver con el contrabando, el acaparamiento y demás acciones de guerra y sabotaje económico que están poniendo al país al borde del caos socio/económico -sin pensar en las consecuencias que ello tiene en la gente-, no quiero ni imaginar lo que haría el gobierno. Pero si por una huelga de controladores se hizo eso, imaginemos. Cualquier cosa sería posible y ojalá nunca tengamos que comprobarlo.
Por otro lado, de presos políticos en el estado español vamos sobrados, de persecución y criminalización de la “disidencia” para qué hablar (empezando por los sindicalistas procesados por hacer piquetes y terminando por el acoso y derribo a la juventud vasca independentista, pasando por muchas otras cosas que bien conocemos quienes nos oponemos a las políticas “oficiales” del estado español), sobre libertad de expresión y control de los medios públicos y privados de comunicación para qué vamos a hablar igualmente (¿cuántos grandes medios opositores al régimen del 78 existen? Ninguno), sobre ataques a la prensa qué decir (esta semana mismo la Federación de Sindicatos de Periodistas -FeSP- hizo público un comunicado denunciando el acosos y derribo del gobierno y el estado a los medios alternativos, ante los varios casos de periodistas detenidos, procesados y hasta encarcelados por ejercer su trabajo -Jaime Alekos, Alicia Armesto, Raúl Capín, Adolfo Luján, Pitu, Iraitz Salegi, Boro o el ataque de agentes de la Policía autonómica catalana a la redacción de Directa, etc-), sobre persecución y cierre de medios de comunicación en Euskal Herria nos pueden decir algo (Egin, Egunkaria, Ardi Beltza, Apurtu, etc.), y de división de poderes mejor no hablamos tampoco que nos puede dar la risa (un constitucional que te tumba la ley andaluza de vivienda pero te legaliza la privatización de la sanidad de Madrid, o que según mayorías vota a favor o en contra del estatuto de Catalunya o la legalización-ilegalización de un determinado partido, una fiscalía que ejerce de manera cotidiana como defensora de corruptos y otros procesados de “alto nivel”, etc, etc.), y en lo que viene a ser respetar el derecho a decidir de los pueblos, el uso de los poderes del estado para impedir la realización del menor movimiento democrático que pueda llevar a consultar a un determinado pueblo sobre sus deseos de futuro, es de conocimiento general, aquí y en Plutón, el talante tan extremadamente “democrático” del estado, con consultas declaradas ilegales, intentos de amedrentar a presidentes autonómicos electos con leyes ad-hominen destinadas establecer el marco legal que permitiese encarcelar a tal presidente en caso de no acatar los mandatos del estado, la amenaza de enviar al ejército a garantizar el “cumplimiento de la ley y la constitución”, etc. En fin, si Venezuela es una dictadura, España debe ser la antesala del infierno totalitario, lo menos.
Así que si vamos a condenar a democracias imperfectas que en algún momento pueden tener algún tipo de tic autoritario asociado a su normal funcionamiento cotidiano e institucional, vamos a hacerlo con todas. Y no vale empezar por aquello que está a miles y miles de kilómetros, que eso es lo fácil y lo cobarde. Empiecen por condenar al régimen español y sus evidentes conductas autoritarias, totalitarias y antidemocráticas, y luego ya, si eso, vemos con calma lo de Venezuela para ver qué se puede hacer o decir al respecto, ¿vale? Mientras tanto, mejor callen y dejen de hacer el ridículo tratando de tapar la ruina a la que están llevando al estado español hablando de Venezuela, que aquí ya nos conocemos todos y sabemos de sobras por dónde van los tiros en ciertos debates impuestos a golpe de titular de prensa, de programa sensacionalista al más puro estilo película de terror y demás basura mediática.
Ah por cierto, por si no había quedado claro:
Ni condeno ni condenaré a Venezuela por hacer lo que hace actualmente. Os condeno a vosotros por haber vendido la democracia a unos poderes no electos que legislan a golpe de recomendaciones impuestas y que están sumiendo al pueblo en el desempleo, la pobreza, la pérdida de expectativas de futuro, la frustración existencial y la desesperación. Os condeno por, precisamente, ser incapaces de hacer lo que el gobierno de Venezuela lleva haciendo quince años: enfrentar a las órdenes de los ladrones que se esconden tras los “mercados”, las instituciones financieras internacionales y las grandes potencias capitalistas mundiales, con política, democracia y soberanía popular. Os condeno, en definitiva, por ser unos vasallos del poder financiero y haber renunciado a ejercer cualquier mínima capacidad de resistencia democrática ante el mismo. Justo, huelga decirlo, por lo que odiáis tanto a gobiernos como el de Venezuela, porque a su lado no sois más que vulgares estafadores del pueblo, sucios traidores a vuestra gente. Si de algo sois ejemplo para Venezuela, es precisamente para saber lo que alguna vez fueron sus gobiernos y ya nunca más deberán volver a ser por el bien de sus propios intereses como pueblo.
Por Pedro Antonio Honrubia Hurtado
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