Cuando el 24 de junio Turquía anunció su campaña para acabar con la amenaza terrorista el país vivía una relativa normalidad, estando todavía abierta, aunque “in extremis”, la vía del diálogo para resolver el grave problema kurdo. Sin embargo, en solo un mes y debido a las sucesivas oleadas de bombardeos aéreos contra el PKK, el conflicto kurdo se ha reactivado en toda su magnitud, llevando al tercio suroriental del país a un clima bélico sin precedentes y surgiendo, incluso, los primeros brotes de guerra civil.
Según las cifras facilitadas por las autoridades, unos 800 miembros del PKK habrían muerto durante las operaciones militares llevadas a cabo durante este mes, reconociendo en torno a 60 bajas en sus filas; para el PKK, las cifras son muy distintas: 266 soldados y 42 guerrilleros muertos. A ellos habría que sumar varias decenas de civiles, lo cual, incluso admitiendo que ambas partes inflan exageradamente las bajas del enemigo y minimizan las propias, llevaría a una cifra de varios cientos de víctimas mortales, tal vez entre 600 y 700.
De acuerdo con distintas fuentes, en este periodo se habrían producido más de 150 incidentes armados y una treintena de controles en las carreteras por comandos del PKK, a veces de varias horas de duración. La mayor parte de estos enfrentamientos ocurren en las provincias fronterizas con Irak, próximas a las principales bases del PKK, donde el Gobierno focaliza la amenaza exterior. Sin embargo, muchos otros se han registrado en provincias del centro y noreste de la Anatolia, a 400, 500 y hasta 600 kilómetros de la frontera iraquí.
También se han vuelto a implantar las zonas militarizadas ahora en aplicación de la Ley 2565, que, sustituyendo a la extinta OHAL (Región bajo Estado de Emergencia), autoriza al Ejército a restringir la entrada de personas, vehículos y suministros en estos lugares. En total, se habrían instaurado como mínimo un centenar de ellas en quince provincias, prácticamente todas en la región del Kurdistán.
Se trata, por lo tanto, de una situación muy semejante a la de comienzos de los años 90, es decir, al periodo más duro del conflicto kurdo. Como entonces, ha vuelto a aparecer el fantasma de la destrucción de pueblos y del éxodo de sus habitantes, aventurando el diario Zaman la cifra de 100.000 refugiados.
La principal diferencia entre los años 90 y la actual situación estriba en que la población de varias ciudades se ha unido a la insurrección armada levantando barricadas, cavando trincheras y formando milicias urbanas para impedir la entrada del Ejército. Algunas de las imágenes difundidas muestran situaciones que se podrían considerar los prolegómenos de una guerra civil. Paralelamente, ayuntamientos en manos del pro-kurdo HDP están proclamando el autogobierno municipal y rechazan explícitamente la autoridad del Estado, por lo que el Gobierno ha abierto una investigación a un centenar de municipios para comprobar si sus alcaldes están colaborando con la guerrilla urbana. Varios de ellos, incluidos algunos de ciudades importantes, como Diyarbakir, Batman, Silvan o Yuksekova, ya han sido detenidos.
Erdogán tenía la esperanza de que, con esta ofensiva, el PKK quedara militar y políticamente debilitado al responsabilizar de la escalada de violencia al HDP, considerado su brazo político y que, al perder apoyo popular, quedaría fuera del Parlamento en las elecciones anticipadas del 1 de noviembre, recuperando así el gubernamental AKP la mayoría necesaria para modificar la Constitución e instaurar un régimen presidencialista.
Sorprendentemente, está sucediendo lo contrario. El elevado número de acciones armadas del PKK, el control de carreteras y la aparición de las milicias urbanas en amplias zonas del sureste indican que los bombardeos contra sus bases en Irak no han servido para nada.
De hacer caso a las cifras oficiales de guerrilleros muertos –más de 800-, atendiendo a la diversidad y extensión de las acciones del PKK y teniendo en cuenta que también tiene cientos de combatientes en distintos frentes de Siria e Irak luchando contra el Estado Islámico, habría que concluir que el PKK sigue contando con miles de guerrilleros, además de millones de votos y el control político de las principales ciudades del sureste de Turquía.
Respecto al HDP, parece que el presidente Tayip Erdogán también se ha equivocado en sus previsiones. Las últimas encuestas realizadas por los institutos de opinión MetroPoll y Gezici no solo indican que no bajaría del 10 por ciento de los votos sino que experimentaría una significativa subida, pudiendo convertirse en la tercera fuerza parlamentaria si las elecciones anticipadas se celebraran hoy en vez del 1 de noviembre.
De acuerdo con estos sondeos, el gubernamental AKP apenas subiría o en todo caso bajaría en intención de voto, mientras el socialdemócrata CHP subiría ligeramente y los ultranacionalistas del MHP sufrirían un pequeños retroceso; es decir que todo se quedaría prácticamente tal y como ahora. De ocurrir esto el 1 de noviembre, Erdogán volvería a quedar en evidencia ya que habría provocado un verdadero baño de sangre para nada.
Todas las organizaciones políticas hablan de una peligrosa situación que puede llevar a la guerra civil. El MHP ha pedido formalmente que se declare la ley marcial en todo el país. El propio Gobierno acepta implícitamente la gravedad del momento al lanzar la consigna de “yo o el caos” y noventa organizaciones han formado el llamado Bloque de la Paz para movilizar a la población contra la guerra y evitar que Turquía se precipite al abismo.
Incluso dentro del Ejército han surgido voces responsabilizando al Gobierno de lo que está ocurriendo. En varios funerales de militares muertos en combates con el PKK, los representantes de Erdogán han sido abucheados y atacados. En Bursa, el ministro de Salud, que había declarado que todo esto no ocurriría con un sistema presidencialista, tuvo que refugiarse en un edificio gubernamental mientras los familiares le preguntaban cuántos muertos eran necesarios para alcanzar el ansiado sistema presidencial.
Pero el incidente que ha tenido una mayor proyección mediática ha sido el protagonizado por el teniente coronel Mehmet Alkan, quien, uniformado y tras llorar abrazado al féretro de su hermano menor, Alí (32 años), se negó a que el funeral se celebrara con presencia gubernamental. En medio de una impresionante multitud, tal y como se puede ver en los vídeos difundidos, y después de ver cómo uno de sus allegados era silenciado a la fuerza, se abrió paso hasta el ataúd y, desencajado, comenzó a despotricar contra el Gobierno, preguntando por qué quienes hasta hace poco hablaban de paz ahora pedían “guerra hasta el final”. “¿Quién es realmente el asesino?”, gritó dirigiéndose expresamente a quienes viven confortablemente en el nuevo y lujoso palacio de Erdogán.
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