La respuesta del gobierno de Etiopía a las protestas de la comunidad Oromo incluyó el desplieque de los agazi, una fuerza militar de elite, para apoyar a la policía.
La crisis política interna más grave a la que haya tenido que hacer frente el gobierno de Etiopía comenzó en una deteriorada cancha de fútbol, que se convirtió en el vehículo para expresar un malestar social arraigado que ahora amenaza la estabilidad de este país africano.
La represión de una protesta estudiantil en Ginchi, una pequeña ciudad a 80 kilómetros de esta capital, fue la chispa que encendió las protestas de la comunidad oromo, el mayor grupo étnico de Etiopía que representa una tercera parte de los 95 millones de habitantes de este país.
A medida que crecen, las protestas parecen dirigirse cada vez más al plan de expandir Adís Abeba hacia los límites de Oromia, la mayor de las nueve divisiones administrativas que, además, rodean a esta capital.
La tenencia de la tierra se volvió un asunto cada vez más polémico a medida que Etiopía se abre al mundo, una tendencia que afecta particularmente a muchos países en desarrollo.
Los inversores internacionales buscan cada vez más oportunidades no relacionadas con acciones ni bonos volátiles, como es el caso de las tierras de otros países. Muy pocos terrenos han concentrado su atención como los de Etiopía, con sus tierras bajas irrigadas por tributarios del Nilo Azul, particularmente caudaloso.
El gobierno etíope tomó la delantera y se apresuró a responder a esos intereses, y desde 2009 ha rentado 2,5 millones de hectáreas a más de 50 inversores extranjeros de India, Turquía, Pakistán, China, Sudán y Arabia Saudita.
El Plan Maestro de Desarrollo Integrado de Adís Abeba refleja una tendencia preocupante para los oromos, muchos de los cuales son pequeños agricultores con pocas tierras a disposición.
Las fuerzas de seguridad de Etiopía están equipadas para reprimir las manifestaciones de la comunidad Oromo, seguidas de numersos episodios de violencia y enfrentamientos.
Pero las protestas continuaron aun después de que la Organización Democrática de los Pueblos Oromo, que integra la coalición gobernante, decidiera archivar el plan, en una marcha atrás considerada histórica para un gobierno de este país.
“Las continuas e incansables protestas generalizadas son un claro mensaje sobre la falta de confianza de un sector de la población joven e inquieto que se siente marginado”, reza un editorial de febrero del diario Fortune, con sede en Adís Abeba.
Muchos analistas locales y extranjeros coinciden en que si bien las protestas nacieron como una expresión de identidad étnica centrada en la tenencia de la tierra, hay otras cuestiones más profundas que las sostienen como son la corrupción, las elecciones irregulares, la marginación política y socioeconómica, que preocupan a numerosos ciudadanos desencantados.
El número de personas fallecidas desde noviembre, según organizaciones de derechos humanos internacionales, activistas y analistas rondan entre 80 y más de 250 debido a los episodios de violencia. Pero muchas personas creen que eso es mejor al número de víctimas que podría haber si el gobierno perdiera el control y reinara la anarquía.
Las protestas fueron arrebatadas a la ciudadanía por grupos que buscan instalar la violencia, arguyó Getachew Reda, portavoz del gobierno etíope.
A pesar de la violencia registrada en febrero en el sur, numerosos analistas coinciden en señalar que la mayoría han sido protestas pacíficas de la comunidad Oromo, una expresión de toda su diversidad con el fin de denunciar los numerosos problemas que afrontan en su vida cotidiana.
“También se trata de contar con una estructura de gobierno competente”, puntualizó Daniel Berhane, destacado bloguero político quien escribe sobre Etiopía para el sitio Horn Affairs (Asuntos del Cuerno de África).
“Hay ministerios vecinos que no se hablan, y ya sea a escala regional, zonal o de distrito, los funcionarios se atribuyen responsabilidades e intercambian críticas”, arguyó.
“La gente siente la falta de competencia en materia de gobernanza”, puntualizó Berhane.
El gobierno escuchó al pueblo, remarcó por su parte, Getachew. Sin embargo, numerosos analistas coinciden en que las autoridades igual deben permitir a la ciudadanía ejercer su derecho constitucional a protestar para evitar que la situación se deteriore más.
El gobierno recurrió muchas veces al ejército para apoyar a la policía federal, ambas fuerzas acusadas de reprimir duramente a los manifestantes, lo que se agregó a los motivos de protesta y derivó en muchos controvertidos episodios de violencia.
Pero la represión de manifestantes, así como las detenciones arbitrarias de estudiantes, quienes iniciaron las protestas, no son nada nuevo en Etiopía y se remontan a la dictadura militar entre 1974 y 1991.
Muchos de los exiliados de ese período forman parte de la vasta diáspora, y el gobierno sostiene que la oposición exterior, con apoyo de activistas residentes en Estados Unidos, manipulan la situación de acuerdo a sus intereses.
“La diáspora agranda lo que sucede, sí, pero independientemente de lo que agite, no puede dirigir a un pueblo entero en Etiopía, eso se trata de disconformidad”, arguyó Jawar Mohammed, director ejecutivo de la Red de Medios Oromia, con sede en Estados Unidos, duramente criticada por el gobierno y analistas independientes por avivar el conflicto en este país.
La detención de dirigentes del partido Congreso Federalista Oromo, el mayor de Oromia, además de los miles de presos políticos, le otorgan prioridad a la búsqueda de una solución de largo plazo, opinó Jawar.
La gobernanza actualmente atraviesa una tensión inherente en Etiopía.
“El espacio político se restringió cada vez más, se volvió desigual, sin competitividad y desagradable, a diferencia de la diversidad de deseos e intereses de la sociedad etíope”, observa el editorial del diario Fortune.
Mucha agua ha corrido desde aquellos eufóricos días de optimismo cuando se concretó la nueva Constitución federal tras el fin de la dictadura militar en 1991.
El mismo analista sostiene que el gobierno merece cierto crédito por concretar una Constitución que refleje el carácter multiétnico de Etiopía y por extender los servicios básicos, la infraestructura, promover el respeto de las distintas identidades culturales y étnicas y mejorar la integración de la vasta población musulmana.
Pero la Constitución federal abraza una filosofía liberal que el gobierno no parece reconciliar con su proceso de toma de decisiones. Y al parecer, la situación empeorará antes de mejorar, a menos que se atiendan las causas de raíz del malestar social.
Las autoridades reconocieron que las consultas sobre el plan maestro no fueron suficientes, en especial a las personas que se verán más afectadas por él.
Lo que sucede en Etiopía puede llegar a ser un anticipo de lo ocurrirá en otras partes cuando fuerzas globales, como el crecimiento de una población urbana en los países en desarrollo que come más de lo que cultiva, choquen contra el deseo de las poblaciones indígenas de proteger sus tierras ancestrales.
“Un precepto fundamental de la creación del partido gobernante fue su interés democrático y social por los agricultores, quienes constituyen 80 por ciento de la población”, precisó Daniel. “No puede volverse de repente capitalista”, acotó.
Traducido por Verónica Firme
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