“Hay una crisis humanitaria muy grave en Papúa Occidental. Miles de civiles incluyendo mujeres y niños se han refugiado en la selva huyendo de los militares de Indonesia. Organizaciones humanitarias, observadores por los derechos humanos internacionales y periodistas tienen prohibido el acceso a la región. Lo que pasa allí es un genocidio..
..por favor, haced lo posible para ayudarnos antes de que sea demasiado tarde. Necesitamos urgentemente las fuerzas de la Paz de la ONU y que los responsables de estos crímenes horrorosos sean llevados ante los tribunales. Nosotros somos seres humanos y sólo pedimos los mismos derechos que vosotros, para vivir en paz, sin miedo a la detención, el asesinato, la intimidación, la tortura o la violación”.
Carta abierta de Benny Wenda, líder de la OPM (movimiento unido para la liberación de Papúa Occidental). Londres, 2010.
Poca gente ha oído hablar de Nueva Guinea Occidental. La parte oeste de la isla de Nueva Guinea, en Indonesia. Dividida en dos provincias: Papúa y Papúa Occidental. La segunda isla más grande del mundo con 420.540 km2. La mayoría de ellos, llenos de selva virgen y playas con las aguas cristalinas.
Un paraíso terrenal donde la gente muere a diario. Ya van más de cincuenta años de ocupación militar por parte de Indonesia, desde que Holanda le regalara a esta su ex provincia, en 1965, con la bendición de Estados Unidos y la ONU. A partir de entonces, el gobierno de Yakarta ha convertido la isla en un auténtico infierno para la comunidad indígena. Medio siglo aguantando asesinatos, torturas, violaciones, detenciones ilegales y represión. Así lo llevan denunciando desde hace mucho tiempo, distintas organizaciones internacionales como Survival, el movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas y tribales, que cuantifica en cien mil, el número de asesinatos desde que se inició este sangriento conflicto.
El gobierno de Yakarta ha prohibido la entrada al país a los periodistas y a las organizaciones humanitarias. Mantiene un estricto control de la información en toda la zona. En octubre de 2014, los periodistas franceses Thomas Dandois y Valentine Bourrat fueron detenidos mientras intentaban grabar un documental sobre la mina de Grasberg. El yacimiento de oro y cobre más grande del mundo y la fuente de todos los problemas de los papúes.
El nuevo presidente indonesio, Joko Widodo, investido en octubre pasado y cuya primera medida fue autorizar la liberación de los dos periodistas franceses, librándolos de una multa de 32.000 euros y una condena de cinco años de cárcel, ha prometido una política aperturista, asegurando que va a terminar con las atrocidades y el uso de la fuerza. Pero la realidad que vive la población es muy distinta. ¿Liberar a los periodistas es un símbolo aperturista? Lo sería si el guía que los acompañaba no estuviera aún, condenado a cadena perpetua. Más bien resulta promoción política encarada a la comunidad internacional con un coste ridículo. Una muy buena jugada al despiste.
Survival denunciaba en enero como cientos de indígenas papúes eran obligados por las autoridades locales a abandonar sus hogares y forzados a vivir en la selva. Los que se negaban a ello, eran detenidos y tratados como animales. Unas fotos publicadas en su página web dan fe de ello:
En diciembre pasado, cinco adolescentes papúes fueron asesinados a tiros por las fuerzas de seguridad indonesias durante el transcurso de una manifestación organizada por los partidos políticos independentistas de la región. Sus nombres: Simon Degei y Otianus Gobai de dieciocho años, Alfius Youw, Yulian Yeimo y Abia Gobay de diecisiete. Aparte, más de veinte niños resultaron gravemente heridos. Las declaraciones del reverendo Neles Tebay, de la organización Papua Peace Network, y que se encontraba en el lugar de los hechos, dejaban muy clara la situación. Estas fueron sus palabras:
“Se ha disparado y asesinado a civiles sin ninguna razón. Estas acciones muestran que el personal de seguridad ha dispensado un trato a los residentes, no como ciudadanos, sino como enemigos que deben ser eliminados”.
Queda demostrado que la política aperturista del nuevo presidente brilla por su ausencia y que la policía sabe que goza de total impunidad. Y esa es la única verdad. El ejército indonesio lleva años maltratando a la población indígena, negando el genocidio y censurando la información que reciben los medios internacionales. Podríamos encontrar multitud de ejemplos.
El Tribunal de los pueblos de Australia es una institución forense creada en 2013 para intentar esclarecer la sanguinaria masacre que tuvo lugar en la isla papú de Biak, durante el transcurso de una manifestación pacífica por la independencia de Papúa, en 1998. Según concluyeron sus expertos:
“Un gran número de hombres, mujeres y niños fueron asesinados, torturados y mutilados. Algunas mujeres y niñas también fueron violadas y mutiladas genitalmente. Entre los detenidos también hubo muertes como resultado de las acciones de las fuerzas militares y el ejército”.
Filip Karma, líder de esa manifestación, fue condenado en 2004 a quince años de cárcel por mostrar en público la bandera independentista. En la actualidad, sigue en prisión y se ha convertido en un símbolo de la represión y la lucha de los papúes. Todo lo que intenta encender el mínimo destello de revuelta es reprimido y escondido por el gobierno de Yakarta.
Recientemente, los servicios secretos indonesios han sido acusados por Octavianus Mote, ex director del kompas -uno de los diarios papúes más importantes- de haber asesinado a John Wamu Haluk, un influente y rico empresario que financiaba gran parte del movimiento independentista. En un artículo de la revista Le Monde Diplomatique del pasado mes de febrero, decía estar seguro de la responsabilidad del gobierno indonesio respecto a su muerte. Reivindicaba que a partir de ahora su misión, que consiste en viajar y enseñar al mundo la dramática situación de Papúa, va a resultar mucho más difícil.
La cultura de Papúa Occidental es una de las más ricas de todo el planeta. En toda la isla de Nueva Guinea podemos encontrar más de trescientas tribus con su propio idioma. Hay que recordar que los papúes provienen de la Melanesia y no tienen nada que ver con el mundo árabe. Su anexión a Indonesia no tiene ningún sentido desde el punto de vista cultural, sociológico o antropológico. Son culturas totalmente distintas.
Desde 1965 hasta nuestros días, tres grandes partidos han luchado contra la ocupación, por los derechos de los indígenas y para preservar la cultura papú: La Coalición Nacional por la Liberación de Papúa Occidental; el Comité Nacional de Papúa Occidental; y la República federal de Papúa Occidental. El seis de diciembre de 2014 se firmó un manifiesto de unión por primera vez entre estos tres partidos. Fue un acuerdo histórico que dio pie al Movimiento Unido por la Liberación de Papúa Occidental. La prudencia y el miedo a la represión por parte de Indonesia se podían palpar en el ambiente. Queda mucho camino por hacer declaraban los líderes papúes al terminar la reunión.
La mina de Grasberg. Fuente de sangre y esclavitud para los papúes
La mina Grasberg es la mayor mina de oro y la tercera mina de cobre más grande de todo el planeta. Aparte, esta región de la melanesia tiene varios yacimientos de plata y níquel. Este ha sido el origen histórico del genocidio indígena papú. Desde que Indonesia se apropió de la parte occidental de Nueva Guinea, en 1965, los papúes llevan sufriendo durante más de cincuenta años, las consecuencias de una geopolítica basada en el pillaje de sus recursos naturales y la destrucción de su cultura nacional. La región fue colonizada por Holanda en 1828 y regalada a Indonesia el 1 de mayo de 1963. Setecientos mil papúes fueron condenados a vivir bajo la dictadura militar del general Soeharto, con el beneplácito de las Naciones Unidas y del gobierno norteamericano.
En 1969 se hizo un referéndum para decidir si finalmente Papúa se anexionaba a Indonesia. Sólo votaron mil líderes locales en representación de toda la sociedad papú. La policía les amenazó de muerte en caso de que votaran que no. Resultó todo una gran farsa. Ganó el si a la anexión de forma contundente.
Desde entonces, Papúa Occidental es un país que no tiene derecho a tener derechos. Estados Unidos y sus aliados occidentales dieron carta blanca a las masacres de los papúes a cambio de obtener licencias de extracción de minerales y de la unión geoestratégica con Yakarta, primero durante la guerra fría y después durante la guerra del Vietnam. No hay que olvidar que Indonesia es el país del mundo con más musulmanes, unos ciento sesenta millones y, en ese momento, a nadie en occidente le interesaba un giro de los indonesios hacia la URRS y los regímenes comunistas.
Pocos años después de este fraudulento referéndum le fue concedida la licencia de extracción de minerales a la empresa estadounidense Freeport-McMoRoan Cooper & Gold Inc. y su filial en Indonesia, Indonesian PT-Freeport. Actualmente esta empresa sigue teniendo en su poder más del 90% de las acciones de la mina. Extrae 600.000 toneladas de cobre anuales y 60.000 de oro aproximadamente. Para poder hacerlo, arrasa toda la masa selvática y forestal que le conviene destrozando por completo los ecosistemas locales.
En el año 2011, según un reportaje de la cadena británica BBC, los 19.500 trabajadores de la mina hicieron una huelga exigiendo cobrar un dólar y medio al día. Las condiciones laborales de los mineros rozan la esclavitud.
Es injusto que un país que goza de una fuente de recursos naturales y minerales tan potentes como Papúa Occidental se vea sometido por la voluntad de unos países extranjeros que priorizan sus propios intereses económicos y geopolíticos por encima del bienestar de las personas. Se aprovechan de su situación y apoyan a una dictadura que pretende exterminarlos. Se calcula que, en 2030, sólo un 15% de la población será papú frente al 97% del año 1971. Esperemos que la situación se reinvierta, sería una lástima y una catástrofe cultural para Oceanía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario