El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, se tuvo que armar de diplomacia para no elevar el tono de sus palabras. El representante holandés fue el encargado de difundir la advertencia a Polonia por sus excesos autoritarios.
La Comisión Europea es la guardiana de los Tratados y considera que Varsovia está amenazando uno de los valores fundamentales del club de los 28. La "opinión" no se hizo pública —gracias a la opacidad que caracteriza ciertas decisiones del Gobierno comunitario— y fue adoptada por el colegio de comisarios el pasado 1 de junio, en virtud del procedimiento del Marco del Estado de Derecho que arrancó en enero.
A pesar de nuestros mejores esfuerzos, no ha sido posible encontrar una solución a los asuntos en juego", dijo Timmermans, quien se obligó a lanzar flores a los polacos para que recuperen su papel como "miembro líder de la Unión Europea en estos tiempos tan difíciles". "Polonia es necesaria para la UE", añadió.
Lo que pretende el partido polaco en el poder, el ultranacionalista y conservador Ley y Justicia —PiS, por sus siglas en polaco—, es que el sistema judicial quede también en manos del gobierno, desapareciendo así la tradicional separación de poderes.
La pelota está ahora en el tejado de los polacos, quienes deben responder a la propuesta en un "plazo razonable" —previsiblemente de dos semanas—. Si no lo hacen o lo hacen insatisfactoriamente, la "opinión" expresada se transformará en "recomendación", lo que abriría la posibilidad de que se decretaran medidas disciplinarias contra ellos, retirándoles el derecho de voto, un paso sin precedentes. Sin embargo, las sanciones no prosperarán, ya que es necesaria la unanimidad de todos los Estados miembros para que sean adoptadas, según recoge el artículo 7.2 del Tratado de la Unión, y Hungría está dispuesta a torpedear cualquier decisión de este tipo. Esta circunstancia también sería inaudita, porque Polonia estaría depositando su soberanía en el veto del Gobierno vecino.
La amenaza de invocar el artículo 7 podría funcionar si se aplicara a Hungría y Polonia a la vez. Pero eso sería complicado por razones diplomáticas y, sobre todo, porque el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, cuenta con el apoyo del Partido Popular Europeo (PPE), del que su organización, Fidesz-Unión Cívica Húngara, forma parte. Orbán es otra bestia negra de Bruselas desde 2011. De ahí surgió el citado Marco del Estado de Derecho que Bruselas está aplicando.
La reacción de Polonia está llena de arrogancia. En primer lugar, cuestiona la legitimidad del Marco del Estado de Derecho y piensa llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, la primera ministra polaca, Beata Szydlo, denuncia que la Comisión no está respetando la soberanía de los Estados miembros y reclama más autonomía e independencia. Por si esto fuera poco, el verdadero jefe del Gobierno, el vitriólico y misógino Jaroslaw Kaczynski, ataca sin contemplaciones a su compatriota Donald Tusk, a la postre presidente del Consejo Europeo, a quien acusa de perjudicar los intereses nacionales, es decir, le tilda de traidor. Si el enfrentamiento continúa, y todo apunta a que sí, podría darse la paradoja de que Polonia no apoye a Tusk para su segundo mandato, ya que el actual expira a mediados de 2017.
A la Comisión le preocupa que, según la nueva legislación, el Gobierno esté autorizado a elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional y a no reconocer a los nombrados por el Ejecutivo anterior. El temor es que con un número de magistrados "amigos", Kaczynski pueda tener las manos libres para cambiar por completo la Constitución a espaldas de la oposición. También ha politizado los medios de comunicación públicos, a quienes consideraba "traidores a la patria". Ha aprobado una nueva ley de seguridad que permite los pinchazos telefónicos sin orden judicial. Y ha diseñado una reforma judicial que convierte al ministro de Justicia en fiscal general.
La advertencia no proviene sólo de Bruselas. La Comisión Venecia, un órgano de expertos del Consejo de Europa, sostiene que en Polonia no sólo se está poniendo en peligro el Estado de Derecho sino también la democracia y los derechos humanos.
Las autoridades polacas han despreciado la "opinión" expresada, restando importancia al valor del documento. El ministro de Asuntos Exteriores, Witold Waszczykowki, no tiene ni siquiera interés en leerlo, pues considera que la Comisión Europea carece de autoridad para inmiscuirse en sus asuntos internos. Waszczykowski es conocido por su atlantismo a ultranza y sus comentarios contra los vegetarianos y los ciclistas.
En definitiva, la Polonia oficial busca una UE más débil y menos cohesionada. Pero se aprovecha de ella. No quiere oír hablar de una Europa federal y repudia el fortalecimiento de las instituciones, pero no deja de poner la mano para conseguir recursos del Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE). Entonces sí es muy comunitaria… Lo curioso es que, gracias al dinero que distribuye la Comisión Europea que tanto critica, Polonia goza ahora de una prosperidad nunca vista en 1.000 años de existencia.
El PiS, producto de las cenizas del histórico sindicato Solidaridad, agarró las riendas del poder en el otoño de 2015 mediante la instrumentalización del profundo descontento social de la ciudadanía. Tomó el control del Sejm —el Parlamento polaco— y logró situar en la Presidencia del país a Andrzej Duda. Tanto él como la primera ministra Szydlo no son más que simples marionetas del maquiavélico Kaczynski, quien ganó las elecciones gracias a una retórica nacionalista y católica con una potente agenda de propuestas sociales.
¿Actúa por resentimiento? ¿Por dolor? Es posible. Pero su paranoia antirrusa y su obsesión por controlar todas las palancas del poder están desequilibrando al Estado polaco, expuesto a riesgos innecesarios, fruto de la mala fe y de la incompetencia. Kaczynski se merece un escarmiento.
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