Desde el inicio de la Revolución Bolivariana, las relaciones entre los gobiernos de Venezuela y los Estados Unidos han estado sumergidas en conflicto.
Esta realidad ha condicionado que el diálogo sobre asuntos políticos sea escaso y se reduzca sólo a los representantes diplomáticos o gubernamentales.
No obstante, como abogado constitucionalista, profesor de diplomacia y chavista de a pie (simple ciudadano con militancia revolucionaria) he aceptado y seguiré aceptando celebrar diálogos y debates con ciudadanos y diplomáticos provenientes de Estados Unidos que me invitan manifestándome su interés de estudiar y proponer soluciones a las controversias entre ambos Estados.
Demás está decir, que acepto dialogar con personas de todas las nacionalidades siempre desde mi convicción socialista y antiimperialista como ciudadano venezolano que aboga por la paz mundial. Mi disposición dialogante no excluye a los estadounidenses, a cuya nación me acercan el estudio del Derecho Comparado, la cultura y la docencia en idiomas.
En este contexto sostuve un nuevo debate en la televisión del gobierno de Estados Unidos, específicamente el canal Voz de América, esta vez con el ex embajador de EEUU ante la OEA y sub Secretario de Estado Roger Noriega, a propósito de la reciente discrepancia ventilada en la OEA sobre la situación actual de Venezuela.
Como se sabe, el señor Noriega fue funcionario jefe encargado de América Latina durante el gobierno del ex Presidente George W. Bush, entre otras importantes responsabilidades. De mi debate televisado con este diplomático estadounidense, llego a las siguientes conclusiones:
En un escenario por ahora confuso, el gobierno de EEUU apoya la iniciativa del actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, respecto a intentar sanciones diplomáticas contra Venezuela sin suficiente bases jurídicas para ello; lo cual obliga al Gobierno venezolano a denunciar formalmente en todos los foros internacionales esta confabulación diplomática contra la soberanía e independencia de Venezuela.
Considerando que recientemente el Sr. Almagro invocó el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana para que se discuta una supuesta ruptura del orden constitucional en Venezuela y que de ello se culpa al gobierno de Nicolás Maduro, es urgente que esta despreciable manipulación de Almagro sea denunciada como un fraude al Derecho Internacional ante la propia Organización de Naciones Unidas y por supuesto ante los nuevos mecanismos soberanos de integración regional de América Latina como UNASUR y CELAC donde no prevalece la influencia neocolonial de EEUU.
En el seno de la propia OEA, Venezuela debe defenderse invocando el artículo 18 de la propia Carta Democrática Interamericana, el cual establece una fase previa de análisis de la problemática de los Estados antes de promover sanciones de cualquier tipo, salvo que sea solicitado por el propio Estado y no terceros. En tal sentido, el artículo señala textualmente:
A lo interno de Venezuela, es necesario desmitificar la fulana Carta Democrática y ubicarla en su justa dimensión, dando a conocer tanto a chavistas como opositores que el referido instrumento jurídico no supone por sí mismo una intervención militar contra Venezuela sino una acción de desprestigio diplomático contra nuestra Patria que puede desencadenar aislamiento internacional y justificación de un futuro bloqueo económico como el de EEUU contra Cuba.
No acompañamos reacciones impulsivas ni destempladas como que Venezuela se auto excluya de la OEA, la diplomacia es la ciencia de los inteligentes, y nuestro gobierno revolucionario debe seguir practicando profesionalmente esta ciencia dentro de la OEA denunciando lo que deba denunciar. En esencia, ninguna tribuna de debate debe abandonarse porque eso despierta una percepción negativa frente a la comunidad internacional que regala legitimidad a los argumentos del adversario.
La representación jurídica del Estado frente a la comunidad internacional está constitucionalmente bajo el monopolio del Presidente de Venezuela, es decir, sólo Maduro o el funcionario que Maduro delegue para ello puede hablar en nombre de nuestro país en el exterior, de allí que se debe proceder judicialmente contra el Presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup por su sistemática pretensión de arrogarse la representación de Venezuela ante la OEA y otras instancias multilaterales. La usurpación de funciones no puede ser tolerada.
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