¿No deberíamos dejar de considerar a Turquía como un caso de despotismo asiático atrasado, sino al contrario, como un país avanzado hacia Europa? ¿No somos turcos en espera? El sistema de perversión del derecho que observamos en Turquía ¿no se va a volver ordinario en Europa y en el mundo, o no es lo es ya en cierta medida?
La cooperación policíaca y judicial entre Turquía y los países de la Unión Europea ha alcanzado un alto grado, y los conceptos que guían las políticas represivas se acercan cada vez más.
En nuestro inconsciente colectivo, tenemos tal vez todavía en Turquía la imagen de un país coercitivo “por naturaleza”, militarista desde siempre, familiar a los golpes de Estado. Esta imagen procede un poco del orientalismo, visión según la cual todo lo que está en el Oriente es necesariamente autoritario, atrasado, medieval, “no listo para la democracia”, una visión basada en la idea de “despotismo asiático”. Es una visión peligrosa según la cual la represión en Turquía proviene de un “despotismo” y sería un caso específico, ya que es exótico y exterior a nuestro mundo occidental.
En mi artículo “El derecho, instrumento de profilaxis social”, me sorprendía del carácter masivo de las redadas, de la levedad de los hechos imputados a las personas acusadas de “pertenencia a un movimiento ilegal”, y de una perversión del derecho que consideraba un poco como la especialidad de un régimen coercitivo.
El caso de Sevil Sevimli asombró a los franceses. Es una estudiante franco-turca inculpada en mayo de 2012 por pertenecer a un movimiento terrorista, porque había participado en el desfile del primero de mayo, había asistido a un concierto del grupo Yorum, tenía libros y revistas de izquierda; ninguno de estos hechos constituye una infracción en la ley turca. Otros jóvenes en la misma época fueron inculpados por haber participado en la jornada mundial de la mujer el 8 de marzo, en conmemoración de un evento de la historia de la extrema izquierda (1), en una jornada de protesta contra la reforma que favorece la enseñanza religiosa, en el nuevo año kurdo, etcétera, aunque ninguno de estos hechos constituye una infracción.
Los jueces también reprochan a los periodistas que están en la cárcel desde el otoño de 2011 el haber entrado a la sede del legal partido pro-kurdo Partido de la Paz y la Democracia (BDP), el tener en sus agendas los números de militantes kurdos o del BDP (lo más normal para un periodista que entrevista) o de trabajar para medios de la izquierda anticapitalista legales y de libre venta.
Nada de esto, en un Estado de derecho, debería dar lugar a una inculpación, menos aún a una condena. Nos quedamos sorprendidos por esta desviación del derecho turco y esta deriva represiva de un gobierno que primero se mostró favorable a una apertura significativa. Consideramos absurdas declaraciones como las del procurador Adana: “Debido a las manifestaciones en las que participaron, estas personas son culpables de hacer propaganda a favor de un movimiento terrorista. Además, teniendo en cuenta que esa participación se prolongó y se realizó en diferentes marcos organizacionales, tomó un carácter de compromiso rutinario en sus existencias. Vistos también los lazos estrechos con los miembros de otros movimientos, estas personas deben ser consideradas como culpables de pertenecer a una organización”.
La cosa parecía sorprendente: ante los ojos de la policía y de la justicia turca, poco importa que los hechos reprochados no constituyan infracciones. Supimos que es la duración y la repetición de estos actos los que constituyen la base de la acusación, la “prueba” de lazos con un movimiento ilícito. De esta manera, Turquía se aleja rápidamente del concepto de Estado de Derecho tal cual existe en Europa.
Pero ese famoso Estado de Derecho, en Europa ¿sigue existiendo? La información que nos llega desde hace unos meses nos propone cambiar de perspectiva. ¿No deberíamos dejar de considerar Turquía como un caso de despotismo asiático atrasado, sino al contrario, como un país avanzado hacia Europa? ¿No somos turcos en espera? El sistema de perversión del derecho que observamos en Turquía ¿no se va a volver ordinario en Europa y en el mundo, o no lo es ya en cierta medida?
No son preguntas provocadoras. En Francia, algunos asuntos pendientes como el de Tarnac (2) y el de Aurore Martin (3) suscitan inquietudes. El asunto de Tarnac llamó la atención con un concepto policíaco en boga, el intelligence-led policing (ILP), expresión que sería “aplicación de la ley basada en los servicios de inteligencia” (4). El concepto nació en el Reino Unido en los años noventa y se difundió sobre todo después del 2001; fue denunciado recientemente por el filósofo italiano Giorgio Agamben y por Yildune Lévy (una de las inculpadas en el asunto de Tarnac) en una tribuna publicada por Le Monde el 14 de noviembre de 2012.
La principal novedad en políticas de seguridad interna reside en la noción de terrorismo, y en el empleo de la palabra misma, subjetiva, elástica y cargada de emocionalidad, ya que juega con el miedo. No hay duda que el atentado del 11 de septiembre de 2001, luego los de Estambul (noviembre 2003), Madrid (11 de marzo de 2004) y Londres (7 de julio de 2005) fueron actos destinados no solamente a matar, sino también a aterrorizar una población.
Las cosas son menos claras cuando calificamos de “terrorista” una acción – incluso violenta – que busca obtener la independencia o la liberación de un pueblo (como la resistencia francesa de 1940 a1945, la independencia argelina entre 1954 y 1962, las guerrillas kurdas, etcétera). En tales casos, el empleo de la palabra “terrorismo” es un descalificador y pretende justificar las formas de represión más fuertes. Durante la guerra de Argelia, las autoridades francesas justificaron la utilización de la tortura por la preocupación de prevenir atentados terroristas (como el de Milk Bar en Argel, el 30 de septiembre de 1956). Es la misma intención alegada en los actos que le costaron a la población argelina la violencia impuesta por el ejército francés.
Me refiero a la guerra de Argelia intencionalmente porque el intelligence-led policing instaura métodos de guerra: se trata de poner a un supuesto enemigo fuera de acción antes de que haya comenzado a actuar. ¿Pero cómo detectarlo? Son los servicios secretos y sus métodos a la vez sofisticados y a menudo violentos como la tortura – aunque también recurra a los chivatos clásicos – los que van a contribuir. Aún más grave: son los comportamientos, las modas, los estilos de vida y las actitudes las que son susceptibles de conducir a realizar actos delictivos.
El ILP se legitima, a ojos de sus partidarios, por la imposibilidad de esperar a que un acto terrorista sea cometido para detener al autor. El atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, luego el de Madrid y el de Londres después aceleraron la difusión de la intelligence-led policing en las policías de los Estados occidentales. Según el especialista de la seguridad Gaël Marchand, “la información precede y orienta las acciones de la policía administrativa y judicial y no al contrario (…) El objetivo es disponer de informaciones en tiempo real para anticipar los actos delictuosos”.
El ILP no podría funcionar sin la ayuda de servicios secretos muy adelantados y es concebido como un medio de guerra: contra el terrorismo desde los atentados del 2001 y en lo que concierne Turquía, contra el movimiento kurdo, asimilado al terrorismo. Es por eso que Marchand dice que “la preponderancia de la función de información en el trabajo de la policía tiende a atenuar aún más los límites entre la seguridad interior y la seguridad exterior”.
Por decirlo más claro: los Estados que aplican el principio del ILP se consideran en guerra, y bajo este concepto aplican métodos de guerra. Como en tiempos de guerra, consideran que tienen un “enemigo” que debe ser desbaratado antes de que pueda proceder. Es por eso que los Estados Unidos adoptaron en 2006 la Military Commissions Act, que le confió el juicio de los detenidos de Guantánamo a tribunales militares e instituyó la noción de “enemigo combatiente ilegal” (unlawful combattant), independientemente de la nacionalidad de los individuos en la mira.
Esta nueva política represiva, que pretende ser mundial, atrajo la atención del movimiento anarco-libertario (5), pero también dio lugar a trabajos universitarios de investigadores, historiadores, sociólogos, juristas, filósofos (Jean-Claud Paye, Mathieu Rigouste, Laurent Bonelli, Didier Bigo, Thomas Deltombe y Giorgio Agamben) (6). Los reportes entre la cuestión de la lucha llamada antiterrorista en Europa occidental y la represión en Turquía dieron lugar a un estudio muy documentado en la revista en líneaArtículo 11 (7).
En Francia, el comienzo de la represión antiterrorista se sitúa durante la presidencia de François Mitterrand, con la ley del 9 de septiembre 1986, reforzada por la del 23 de enero de 1996 (votada a raíz de los atentados de 1995). Esta ley enuncia una inculpación por “asociación de malhechores con relación con una iniciativa terrorista” (AMT). Completada por la ley del 23 de enero de 2003, que refuerza las posibilidades legales de video-vigilancia y el nivel de penas por los delitos de AMT, la calificación de AMT es peligrosa para la democracia, puesto que es independiente de la realización efectiva de las infracciones y comporta tres términos altamente subjetivos: asociación, relación y terrorista. ¿Cuál es el grupo social que no podría ser acusado de “asociación” por la policía? ¿Qué es una “relación” con un movimiento? ¿Es suficiente tener un número de teléfono en tu agenda, asistir a un mitin o participar en una manifestación? En fin, ¿qué es un terrorista? La respuesta es fácil para los que realmente ponen bombas o los asesinos de Al-Qaida, pero el contenido de la palabra es particularmente amplio. En Turquía se refiere hasta a los estudiantes que reclaman la gratuidad de la enseñanza.
Como vemos, los atentados del 11 de septiembre de 2001 sirvieron solamente de aceleradores en este proceso (8). La Unión Europea se estaba dotando de una herramienta fundamental para facilitar las extradiciones, especialmente en los casos de terrorismo, con el mandato de sentencia europea (MAE). El proyecto fue presentado ante el Consejo Europeo solamente una semana después de los atentados del 2001, lo cual prueba, según el sociólogo Jean-Claude Paye, que estaba en preparación desde al menos hace seis meses (9). El MAE fue instituido por una decisión jurídica del 13 de junio 2003.
Estos mandatos fueron puestos en práctica por la unidad de cooperación judicial Eurojust, también creada en 2002 y encargada de “favorecer y mejorar la coordinación de las investigaciones y de las diligencias penales entre las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión encargados de tratar los asuntos de crimen organizado transfronterizo”, como las del “terrorismo”.
El proceso de MAE reemplaza las convenciones europeas de extradición anteriores; permite proceder más rápida y ampliamente. Más rápido porque debe ser ejecutada en un plazo de 90 días máximo, mientras que una extradición clásica podía necesitar varios años. Se trata en efecto de una decisión puramente técnica y no política, pues el ejecutivo no desempeña ningún papel en la puesta en práctica. Más ampliamente porque a pesar de que Francia, tradicionalmente, rechazaba entregar a sus propios nacionales en el caso de extradición, ahora los entrega sistemáticamente en el marco del MAE. El control de la “doble incriminación”, principio según el cual un Estado puede rechazar la extradición si la infracción en cuestión no está penalizada de manera comparable en su propia legislación, ahora se suprime si los hechos están incluidos en una lista de infracciones, entre las cuales se encuentra el terrorismo (10). Teóricamente, la puesta en práctica del MAE se suspende “en caso de violación grave y repetida de los derechos fundamentales de los Estados miembros”. Sin embargo, la activista vasca Aurore Martin fue entregada a España, país que practica la tortura. Cierto, la MAE no le concierne a Turquía… pero es candidata a la integración en la Unión Europea. Si su trámite se realiza, podemos imaginar la multitud de peticiones que podrá solicitar a los Estados de la Unión europea.
Las disposiciones del MAE tienen una relación directa con la mentalidad de la intelligence-led policing. Establecen una práctica policíaca de “descubrimiento precoz”, que puede impulsar el deseo de infiltrar agentes provocadores en los grupos sospechosos y fabricar pruebas. En el libro Les marchands de peur[Los comerciantes del miedo], Mathieu Rigouste cita a un antiguo responsable de la dirección central de los servicios secretos internos franceses (DCRI): “Nuestra misión consiste en detectar a las personas cuyo comportamiento presenta riesgos para el Estado y la sociedad, en vigilarlos para anticipar el momento que estarán tentados a pasar a la acción […], nuestra obsesión es anticipar”. Para esto, hay que definir a las “poblaciones potencialmente amenazadoras” y “fabricar razones para intervenir en contra de las amenazas futuras, ahí donde todavía no existen” (11).
La “fabricación de razones para intervenir” es una empresa muy fácil; es suficiente pensar en que los agente de esta política no son abstracciones como “el Estado”, “la policía”, “la seguridad”, sino individuos y funcionarios preocupados por su carrera. El estudio publicado por el sitio Artículo 11, que cita Laurent Bonelli, evoca reuniones en el Ministerio del Interior, donde los altos funcionarios deberían evitar absolutamente “regresar con las manos vacías, sin botín”. Dicho de otra manera, cuando un policía no tiene información, se le incita a fabricarla bajo la presión del mecanismo de promoción interna. Es así que funciona el Estado, no solamente por medio de grandes orientaciones políticas, sino por la práctica cotidiana de los agentes más modestos. Recordemos a Foucault que nos alienta, en nuestros trabajos, a “captar el poder en sus extremidades (12)”.
Tenemos aquí todos los ingredientes que permiten la represión a gran escala, tal como se practica en Turquía: una definición extensa de la noción de “terrorismo”, la existencia de una atmósfera de guerra en contra de un “enemigo” omnipresente, la necesidad fundamentada de “anticipar” los actos terroristas y de definir las “poblaciones potencialmente peligrosas”; en fin, como en todos lados, la existencia de una población policíaca numerosa y mal pagada que tiene el interés en llevarle a sus superiores “el botín”.
En Turquía, la población potencialmente peligrosa está claramente señalada; son los activistas o simpatizantes de la izquierda no gubernamental que se involucran por la democratización del país, y la solución pacífica del problema kurdo está incluida en este objetivo. Como lo precisa el concepto deintelligence-led policing, es la anticipación lo que se recompensa y por consiguiente no es necesario que las personas en la mira hayan cometido un delito o una infracción para que sean, primero, denunciadas y vigiladas, y después arrestadas, encarceladas y eventualmente condenadas.
Los propósitos del procurador de Adana, citados más abajo, no son por lo tanto una rareza turca o un exceso de un funcionario a la vez afanoso, cerrado y reaccionario: es un acuerdo con la noción del ILP por la cual la acumulación de comportamientos cotidianos y su reiteración durante un tiempo suficiente establece el carácter “potencialmente peligroso” del sospechoso. La ausencia de infracción o de delito no impide la vigilancia y el arresto, ni siquiera eventualmente la condena, ya que los comportamientos inducen ante los ojos de los jueces la posibilidad virtual de cometer una infracción.
Aquí es donde interviene una fuerte carga afectiva de la noción de “terrorismo”: el “terrorista” es un enemigo que se debe localizar antes de que pase al acto. La simple pertenencia a una corriente (pertenencia supuestamente establecida por estar presente en reuniones, manifestaciones, la posesión de libros y revistas…) induce a la alegación de simpatía, en cierta manera por ósmosis intelectual, respecto a organizaciones que son prohibidas, como el Partidos de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) o el Partido Revolucionario de Liberación Nacional-Frente (DHKP-C).
En conclusión, la mentalidad del ILP crea un delito de opinión y/o de intención. El carácter social y organizativo de estas corrientes de pensamiento puede muy fácilmente ser considerado por la policía como “asociaciones de malhechores”, y como el objetivo al que se aspira es común, cercano o simplemente asimilable por la justicia y los códigos de ley al de las “organizaciones” prohibidas, la noción agravante de “asociación de malhechores en relación con una empresa terrorista” les es aplicable. En el derecho turco se expresa de varias formas: pertenencia a un movimiento [ilegal], ayuda y apoyo a un movimiento, propaganda para un movimiento.
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 provocaron que se agravaran las legislaciones antiterroristas. Leyes que deberían ser una excepción se volvieron la regla y terminaron por constituir un derecho ordinario. En Turquía, que se encuentra en estado de guerra desde 1984, la represión es dirigida por una ley antiterrorista adoptada en 1991 y confirmada por las modificaciones de 2006. Esta ley instituyó un estado de excepción que entró en su tercera década y que es el origen del encarcelamiento de alrededor de 10 mil prisioneros políticos.
A pesar de que Turquía ha sufrido graves atentados terroristas probablemente islamistas (noviembre 2003), la justicia turca actualmente persigue ante todo a los activistas autónomos o independentistas kurdos, a y los de la izquierda radical anticapitalista. Pero las nociones de “ayuda”, de “apoyo” o de “propaganda” permiten ampliar la represión de un círculo bastante limitado de activistas a un círculo más amplio de aquellos que reclaman democracia. El antiterrorismo sirve simplemente de fachada a la represión de los movimientos de izquierda en general. En Francia y en cualquier lado en Europa se realiza el mismo proceso, pero apenas es el principio.
La situación en Francia es analizada por los autores que ya mencioné al principio del artículo y no busco profundizar en ella en este artículo, pero lo que debe preocupar a los amigos de la democracia en Turquía es la manera en que Francia y la Unión Europea, transmiten o están dispuestos a transmitir la política represiva turca en su propio territorio.
Ya evoqué, a propósito del arresto de Sevil Sevimli, la decisión jurídica europea del 27 de diciembre de 2001, revisada por la decisión del 28 de junio de 2007, que establece y actualiza la famosa “lista negra” de personas y movimientos considerados como terroristas, entre los cuales figuran tres organizaciones turcas: IBDA-C (islamistas), PKK (kurda) y DHKP-C (izquierda radical). Los Estados miembros son responsables de ajustar y reprimir en su territorio los procesos relacionados con estas organizaciones. La justicia turca puede eventualmente aumentar la eficacia de esta herramienta introduciendo en las actas de acusación la alegación de un lazo con el PKK o la DHKP-C. Es una primera palanca que puede extender la represión turca en Europa – aunque aseguran que este procedimiento es poco utilizado y los magistrados europeos rechazan muy seguido las demandas de la justicia turca.
La Unión Europea, en el marco de la lucha internacional contra el terrorismo, ha establecido otras herramientas. Es el caso del “Grupo terrorismo”, que tiene como uno de sus principales cometidos el “analizar las amenazas terroristas ligadas a países terceros (…). También prepara reuniones en el marco del diálogo entre la UE y los países terceros en cuestión”. Este grupo procede a intercambios técnicos y de práctica policíaca. Otro grupo llamado COTER se reúne una vez al mes para discutir las cuestiones de actualidad en el marco de la cooperación internacional contra el terrorismo. En fin, la oficina europea de cooperación policíaca (Europol) coopera con un gran número de terceros países, entre ellos Turquía.
Así es el marco institucional. Los lazos entre Turquía y la Unión
Europea, en estos ámbitos, son sólidos. Gilles de Kerchove, coordinador de la UE para la lucha en contra del terrorismo, visitó a los servicios de contra-terrorismo de Ankara en el 2008 para hablar de las medidas comunes contra las fuentes de financiamiento del PKK en Europa. En octubre de 2010, aunque se pide a Ankara más flexibilidad en su política hacia los kurdos, se pidió desarrollar más los intercambios de información y un aumento en el volumen de la información proporcionada por Turquía (13). Según Hélène Flautre, la visita de Kerchove en 2010 “demuestra que Turquía busca un apoyo en la UE para su la lucha antiterrorista y que encontró las puertas abiertas en Bruselas (14)”.
Lo que observamos en Turquía desde 2011 no es específico de este país, es incluso una política judicial y policíaca en vías de desarrollo en los países occidentales, que comienza por los Estados Unidos. Debido a esta misma tendencia mundial, los demócratas turcos forzados a establecerse en el extranjero a causa de persecuciones y ensañamiento judicial no están a salvo. Si Turquía se integra a la Unión Europea, estarán en un gran peligro. Pero, en realidad, la decisión judicial del 13 de junio de 2002 relativa a la lucha en contra del terrorismo, reforzada por del concepto de intelligence-led policing, es suficiente para que Turquía “subcontrate” ciertos negocios de represión.
La represión contra el DHKP-C, movimiento radical de la izquierda anticapitalista turca que ha cometido decenas de asesinatos en Turquía (pero jamás en otros lados), utiliza estas palancas. Este movimiento es ciertamente violento, incluso criminal, pero sus víctimas siempre han sido selectivas y que yo sepa, jamás ha intentado “aterrorizar” la población turca. Sin embargo, figura en la famosa lista de la Unión Europea, y cada Estado de la Unión tiene por obligación perseguir a sus miembros o supuestos miembros en su territorio, reprimir todo tipo de organización (en particular la colecta de fondos) y la difusión de tesis y puntos de vista. El artículo 5 de la decisión judicial precisa que las sanciones penales deben de ser “efectivas”, “disuasivas” y “susceptibles de llevar a la extradición”.
Es así como la justicia belga demandó a personas consideradas como relacionadas con el DHKP-C, pues considera que todo lo que contribuye a que se conozca el DHKP-C es hacer apología y, en consecuencia, se considera terrorismo. “La persona perseguida no puede invocar, en su defensa, el carácter legal de sus actividades (…) Es criminalizado (…) el hecho de aportar un punto de vista opuesto al del Estado sobre un conflicto violento, por todos lados en el mundo”, escribe Paye. Ni los inculpados ni el DHKP-C han cometido crímenes en Bélgica. Sin embargo, los tribunales belgas se declararon competentes. En una primera fase, los acusados fueron condenados en 2006 por la Corte de Brujas y después por la de Gand, a penas que van de seis meses a cuatro años de cárcel por “pertenecer a una organización terrorista”. Sin embargo, en 2009, el tribunal de apelación de Bruselas absolvió a los acusados.
Este viraje nos muestra hasta qué punto los acusados por terrorismo en Europa atentan contra personas y contra instituciones. Las herramientas jurídicas existen y son la espada de Damocles. Pueden no servirse de ellas, pero pueden ser utilizadas por los magistrados sensibles al discurso oficial turco, o al contrario, también pueden ser objeto de una resistencia de la parte de los jueces: esto fue lo que pasó en Bruselas.
En Francia, ante la décima cámara correccional de París, en noviembre de 2012, un asunto del mismo tipo que concernía a 15 personas sospechosas de participar en el financiamiento del DHKP-C terminó en altos cargos. Entre los “elementos de prueba” estaban: traer una playera con las siglas de DHKP-C; leer y vender una revista de izquierda radical , Yürüyüs, que es legal en Francia y en Turquía; la presencia en su domicilio de panfletos y libros, incluyendo un libro del programa del DHKP-C… y obras de Kropotkin, pero ni armas ni municiones. Estos 15 acusados tuvieron la mala suerte de toparse con un magistrado partidario de la causa del Estado turco, que estima que Turquía es “un país en paz reconocido por la comunidad internacional, participante de común acuerdo con las naciones, y donde se despliegan elecciones libres”. A sus ojos, todo elemento proveniente de Turquía debería tomarse en consideración, incluyendo los “testimonios anónimos” proveídos por la policía turca, es decir, las denuncias de chivatos. El estatuto de refugiado político del que se beneficiaban alguno de los acusados, no los protegió: fueron condenados a graves penas de encarcelamiento por “asociación de malhechores en relación con una empresa terrorista” por este tribunal francés, aunque ningún delito haya sido probado.
Su proceso se desarrolló como se hubiera desarrollado en Turquía: la ausencia de ilícitos no tenía importancia. Fue suficiente para el tribunal el poder establecer una sospecha de pertenencia que inducía a una “intención” de perjudicar un Estado extranjero. Así, el peligro está aquí en nuestro país. Por cierto, no concierne solamente a los exiliados y refugiados: los franceses simpatizantes también podrían ser inculpados. Lo que les sucedió a periodistas o investigadores turcos podría también amenazar la libertad de la investigación en Francia.
Se debe remarcar que la extrema derecha turca, que lleva en sus manos mucha más sangre que la extrema izquierda, no es considerada como un movimiento terrorista; esto nos indica el sentido por el cual van las cosas en Europa como en Turquía.
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