Brasil y Chile han descubierto el poder destructor de la corrupción, una práctica política reprobable y arcana que es capaz de socavar los cimientos de cualquier Estado.
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La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que inició en enero su segundo mandato, es una de las principales víctimas de este mal endémico que no distingue fronteras ni ideologías. Aunque los fiscales no hallaron pruebas —todavía- de que ella haya participado en la trama destapada dentro de la petrolera estatal Petrobras, su popularidad ya ha caído en picado más de 30 puntos porcentuales desde septiembre de 2014, cuando llegaba al 41%. Ahora se sitúa sólo en el 10,8%.
Lo cierto es que la corrupción no representa la única causa del desencanto popular brasileño, pero sí lo ha agravado y en gran medida. A la corrupción hay que sumar un mal panorama económico y el anuncio de unas medidas de austeridad que incomodan a todos. Estas propuestas incluyen el control del gasto, el aumento de los impuestos, el encarecimiento del crédito y el recorte de ciertos beneficios laborales para hacer frente al déficit récord en las cuentas públicas del año pasado.
Pero, ¿en qué consiste el escándalo Petrobras?
La trama se basaba en la entrega de sobornos a los directivos de la empresa a cambio de ventajosos contratos de construcción. Las coimas fluctuaban entre 1% y 3% del valor de los contratos, lo que significa que movilizaron cientos de millones de dólares. La Fiscalía General del Estado ya lo ha definido como "el mayor escándalo de corrupción" de la historia de Brasil.
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El hombre clave que abrió la caja de Pandora y destapó la tormenta de truenos se llama Paulo Roberto Costa, y era director de abastecimiento de Petrobras. En marzo de 2014, Costa fue detenido por la Policía Federal en el marco de la Operación Lava Jato y se le acusó de formar parte de una asociación ilícita cuyo obejtivo era la corrupción y el lavado de dinero.
Costa admitió que había participado en beneficio propio y que parte del dinero habría servido para financiar ilegalmente al gobernante Partido de los Trabajadores (PT). A cambio de un acuerdo con la Fiscalía que le prometió reducir su pena de prisión, el exdirectivo empezó a apuntar a diestro y siniestro. Denunció que también estaban implicados diputados y senadores y entre los nombres destacó a los presidentes de la Cámara y del Senado, ambos miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aliado del PT. La delación salpicó al menos a 47 políticos, incluidos varios exministros de Rousseff. Muchos de ellos están protegidos por fueros.
Para la presidenta, inmersa en plena campaña a la reelección, el asunto se transformó en una pesadilla total, pues ella misma presidía el consejo de administración de Petrobras entre 2003 y 2010, precisamente mientras ocurrían los supuestos sobornos.
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Y evidentemente el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) no dejó pasar la magnífica ocasión que le brindaban para arremeter contra Rousseff en la carrera al Palacio do Planalto, la sede del Ejecutivo en Brasilia. El argumento que emplearon fue sencillo pero contundente: la jefa del Estado era culpable sí o sí; por acción o por inacción; o bien participó en los sobornos y es una corrupta, o bien no se enteró de la trama y es una inepta.
Ahora Rousseff se lame las heridas pues la Fiscalía ha descartado investigarla, esgrimiendo el precepto constitucional que impide hacerlo a un presidente en ejercicio por actos ajenos al ejercicio de sus funciones. En otras palabras, lo harán cuando deje el cargo.
Y lo que es más grave: el escándalo Petrobras va a desencadenar consecuencias políticas y económicas muy serias.
El caso en Chile no es menos significativo que el de Brasil ya que este país andino puede vanagloriarse de ser el menos corrupto de toda Latinoamérica. De hecho, en el último ránking de Transparencia Internacional elaborado en 2014, ránking que mide el índice de corrupción de los países según la percepción de analistas y empresarios locales, Chile ocupa el lugar 21º y es el primero de la región, por delante de Uruguay (22º); Brasil se queda en la posición número 69 de una lista de 171 estados.
Dos escándalos, uno de financiación ilegal y otro de tráfico de influencias, han conmocionado a la sociedad chilena, sacudiendo sus cimientos como un terremoto.
El primero de ellos —bautizado ya como el Pentagate- implica a varios políticos de uno de los principales grupos de la derecha, la Unión Demócrata Independiente (UDI), que habrían recibido fondos de una empresa —el Grupo Penta, un conglomerado de empresas con intereses en el sector inmobiliario, financiero, salud, educativo y de seguros, entre otros- mediante la emisión de facturas falsas. El Grupo Penta está inmerso en una denuncia de fraude fiscal que ha finalmente destapado estas irregularidades, implicando a la exportavoz del expresidente Sebastián Piñera, Ena von Baer; al exministro de Obras Públicas, Laurence Golborne; y al precandidato presidencial Andrés Velasco.
"Este caso ha tomado por sorpresa a los chilenos y se refleja ya en algunas encuestas; probablemente va a tener un efecto bastante profundo en nuestro sistema político; no va a ser olvidado fácilmente", aseguraba a la emisora BBC Roberto Méndez, presidente de la firma encuestadora y de investigaciones chilena Adimark.
Ese "orgullo nacional" de tener una baja corrupción quedará irremediablemente dañado. La percepción de los ciudadanos se transformará y estos empezarán a preguntarse con lógica desconfianza si no habrá habido otros escándalos millonarios ocultos que les han pasado hasta ahora inadvertidos.
El segundo incidente chileno —el caso Caval- es incluso más mediático que el anterior, porque involucra directamente a Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet, quien consiguió un crédito de más de 10 millones de dólares al día siguiente de la victoria en las urnas de su madre en 2013. Con ese dinero compró unos terrenos de uso agrícola que posteriormente pasaron a tener uso urbano, presuntamente gracias a su influencia, lo que le reportó unas enormes plusvalías a Caval Limitada, la pequeña compañía exportadora de su mujer. Es lo que vulgarmente se llama dar un pelotazo inmobiliario.
Al parecer, Bachelet ha quedado muy afectada por la conducta poco ética de su hijo a quien hasta había nombrado Director Sociocultural de la Presidencia. Con esa decisión convirtió esos negocios abusivos en un asunto público —y no privado- que sin duda pasará cuentas a su gestión política al frente del país.
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