Palestina se convertirá este miércoles en miembro oficial de la Corte Penal Internacional (CPI) con la intención de hacer juzgar a los dirigentes israelíes por crímenes de guerra ligados a la ocupación, pese a las incertidumbres que entraña este nuevo capítulo del conflicto.
Esta adhesión supone un paso más en la confrontación diplomática y judicial contra Israel en la que se embarcaron las autoridades palestinas en 2014.
Se trata también de una empresa de consecuencias inciertas, no solo porque el primer ministro Benjamin Netanyahu y otros dirigentes israelíes parecen lejos de comparecer un día en la Haya, sede de la CPI, si no porque también se desconoce a dónde podría llevar esta nueva degradación anunciada de las relaciones israelopalestinas.
A finales de 2014, decidieron solicitar el ingreso en la CPI, cuya vocación es juzgar a autores de genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, tras ver rechazado por el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución para poner fin a la ocupación en tres años.
"Palestina emplea y seguirá empleando todos los medios legítimos a su disposición para defenderse contra la colonización israelí y las otras violaciones del derecho internacional, afirmó entonces el dirigente palestino Saeb Ekarat.
La CPI es uno de los últimos recursos de lo palestinos, pero también han amenazado con otro: terminar la cooperación en seguridad con Israel.
Las relaciones son cada vez más tensas. La eventualidad de investigaciones de la CPI no gusta en absoluto en Israel. Netanyahu ha acusado al gobierno palestino, incluido Hamas, a quien considera grupo terrorista, de "manipular" al tribunal.
En represalia, Israel ha bloqueado más de 100 millones de euros en impuestos que cobra en nombre de la Autoridad Palestina (AP) en concepto de tasas aduaneras.
En las recientes elecciones israelíes, el primer ministro subió la puesta al afirmar que, de ser reelegido, enterraría la idea de un Estado palestino.
Una vez elegido, Netanyahu ha aceptado desbloquear los fondos y ha rebajado el tono sobre el Estado palestino, pero la AP mira con escepticismo sus últimas declaraciones.
Frente a los rumores de que Tel Aviv descongelaría el dinero a cambio de que el gobierno palestino abandonara sus aspiraciones en la CPI, el portavoz palestino Xavier Abu Eid fue categórica: "Eso es una gran mentira. El tren ya ha partido".
El 1 de abril tendrá sobre todo un carácter ceremonial, con la entrega al ministro palestino Ryad al Malki de una copia del Estatuto de Roma, fundador de la CPI.
Ciertos dirigentes ya han advertido que las primeras denuncian llegarán el mismo miércoles, pero en realidad un Estado miembro solo tiene capacidad para señalar al tribunal situaciones precisas, y es la fiscalía la que deciden si investigar o no.
No obstante, la fiscal Fatou Bensuda decidió el 16 de enero que examinaría el caso israelopalestino y ya tiene el documento, enviado por el presidente Mahmud Abas, que permite a la fiscalía investigar los supuestos crímenes cometidos en los territorios palestinos desde el 13 de junio de 2014.
La guerra del verano pasado en Gaza dejó 2.200 muertos del lado palestino y 73 del lado israelí.
Aunque hay quienes esgrimen que los dirigentes israelíes nunca se sentarán en el banquillo porque Israel no ha firmado el Tratado de Roma, la Corte puede juzgar hechos cometidos en el territorio de un estado miembro, como Palestina, afirman los palestinos.
"En qué abismos de lo absurdo ha caído la CPI", afirmaba Netanyahu cuando supo que se estaba examinando la candidatura palestina.
En respuesta, Israel ha apostado por apoyar a las víctimas de atentados: un jurado neoyorquino mostró en febrero los efectos desastrosos que la vía judicial podría tener para las finanzas palestinas, al condenar al gobierno a pagar cientos de millones de dólares en indemnizaciones a los familiares.
Fuente: Agencia AFP
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