El gobernador del Banco del Líbano (BDL), Riad Salamé, ha anunciado la clausura de 100 cuentas bancarias vinculadas a Hezbolá en el marco de la aplicación de las sanciones previstas por la Hezbollah International Financing Prevention Act of 2015" (HIFPA 2015), votada en diciembre por el Congreso de EEUU.
La reacción de Hezbolá no se ha hecho esperar. Sheij Ali Daamush, miembro del Consejo Ejecutivo de Hezbolá y Responsable de las Relaciones Internacionales desde el año 2001, ha declarado que “esta medida daña al Líbano y a su soberanía, pero no afectará a la Resistencia ni a sus instituciones ni tampoco beneficiará a sus autores”.
Por su parte, el bloque parlamentario de Hezbolá denunció este anuncio del gobernador del Banco del Líbano afirmando en un comunicado dado a conocer tras su reunión semanal que “estos nuevos intentos norteamericanos que buscan eliminar a la Resistencia a través del sector bancario están condenados al fracaso”.
“El gobierno libanés y el Banco Central son directamente responsables de la salvaguardia de la soberanía libanesa y la estabilidad monetaria y financiera del país. Es por eso que rechazamos íntegramente estas declaraciones”, subrayó el bloque.
En una entrevista el miércoles por la noche en la cadena estadounidense CNBC, Salamé aseguró que “la prioridad es mantener al Líbano en el mapa financiero internacional”. “Para ello hemos tomado la decisión de aplicar la ley norteamericana y colocar la infraestructura necesaria para tal fin”, añadió. “Pero al mismo tiempo, debemos garantizar a los shiíes el derecho a continuar recurriendo a los bancos”.
Algunos miembros de Hezbolá han insinuado que los shiíes del Líbano podrían retirar sus fondos de los bancos que cooperen con la ley norteamericana.
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