La ONU ha acusado recientemente a Arabia Saudí de asesinar a más de 500 niños y de haber herido a 667 en la guerra de agresión contra Yemen que inició en 2015.
Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha denunciado que los ataques militares matan o hieren a seis niños cada día en el que es el país más pobre de Oriente Medio. Y no, no se trata de lamentables errores, ni de inevitables ‘daños colaterales’ atribuibles a todas las guerras; se tienen constatados oficialmente más de medio centenar de bombardeos a escuelas en poco más de un año, aunque el Centro Yemení para los Derechos Humanos lo cifra en alrededor del millar de centros educativos destruidos. El ministerio de Salud de Yemen contabiliza más de 7.000 muertos y un total de 40.000 víctimas en esta guerra olvidada por el mundo y por los medios de comunicación.
La mayoría de esos ataques se producen desde aviones, pero tampoco son desdeñables en este conflicto los bombardeos efectuados desde buques militares, que se usan para respaldar las incursiones aéreas, a la vez que para mantener un durísimo bloqueo que ha osado incluso impedir la llegada de la ayuda humanitaria de la ONU a la depauperada sociedad civil yemení. Según datos de la única ONG española que opera en el país, Solidarios sin Fronteras, Yemen atraviesa una ‘emergencia humanitaria’ tan grave que 21 millones habitantes de los 26 que tiene el país dependen de la ayuda para beber, comer o tener acceso a medicina.
Pero no acaba ahí la cosa, la más prestigiosa revista de geopolítica del establishment, Foreign Policy, reconoce que Riad se ha aliado con organizaciones terroristas en Yemen para contrarrestar el empuje de la organización popular Ansarolá. La publicación afirma que los bombardeos siempre han respetado las posiciones de al Qaeda sobre el terreno, pero otras fuentes regionales abundan en que la cooperación va mucho más allá, mediante el suministro de armas y vehículos e incluso en el entrenamiento de terroristas.
Y es que el soporte ideológico y religioso de al Qaeda y del EI se basa en la corriente fundamentalista saudí conocida como wahabismo. Tanto es así que, hasta que el EI no imprimió sus propios libros para las escuelas coránicas que controlaba en Siria e Irak, estuvo usando los libros de texto oficiales de Arabia Saudí. Son muchos los que opinan que la mayor conquista de Daesh no ha sido Raqqa ni Mosul, sino toda Arabia Saudí.
Podríamos seguir hasta el infinito relatando las conexiones de Riad con lo peor del terrorismo mundial. En ocasiones, como en el caso de Afganistán, ha sido el propio Ministerio del Interior quien ha reconocido —nada menos que a la BBC— que el sistema financiero saudí ha sido profusamente utilizado para financiar a al Qaeda. Sin la financiación a los grupos terroristas que operan en Siria, hace tiempo que la guerra habría terminado y se hubiera detenido el flujo de refugiados. Denostado públicamente el EI, los esfuerzos oficiales de Riad se centran en al Qaeda y sus aliados, los grupos Ahrar al Sham y Yaish al Islam, también de corte fundamentalista y también con ejecuciones y masacres de civiles a sus espaldas.
En política interior tampoco mejora la cosa. Todo el mundo reconoce en Arabia Saudí a uno de los países más retrógrados del mundo. Sin libertad de expresión, sin derechos civiles elementales, ni libertades políticas, donde se considera a la mujer poco más que un animal y donde los intelectuales patrios aún discuten si las mujeres tienen alma como sí le atribuyen a los hombres. En Arabia Saudí te puedes pudrir en una cárcel por publicar un blog, te pueden literalmente cortar la cabeza por asistir a una manifestación pacífica, pueden azotar a latigazos a una mujer simplemente por mirar el móvil de su marido, pueden comprarse niñas sirias robadas por los terroristas o se celebran subastas públicas de futuros terroristas suicidas en fiestas para recaudar dinero para su familia.
La mayoría de las ONGs internacionales, aun las más proclives al régimen establecido, piden insistentemente el embargo de armas contra Riad, sin duda una de las mayores amenazas para la paz y la estabilidad mundial. No puede sentirse más que vergüenza cuando destacados miembros del Partido Socialista o del PP, hacen esa encendida defensa de los contratos de suministro de buques de guerra a Arabia Saudí para dar carga de trabajo a los astilleros españoles de Navantia. En este caso no ese trata de vender lechugas un pueblo escaso en productos hortícolas; ni si quiera de modernizar las infraestructuras de transporte ferroviario entre las arenas del desierto. Se trata de vender armas a un país que las está utilizando en estos mismos días para matar niños y civiles desarmados, que tiene invadidos dos países —considerando también a Bahrein— y que está involucrada en otras guerras en las que adiestra y financia a grupos terroristas para que les hagan su siniestro trabajo.
El contrato para la construcción de 5 corbetas para la armada saudí no debe rubricarse. Un país que no respeta los derechos humanos, que invade a sus vecinos y que financia el terrorismo en el mundo, por muchos petrodólares que tenga, no puede ser objeto de transferencia de tecnología militar de ningún tipo. Quienes lo están defendiendo son cómplices de las masacres actuales y futuras de Arabia Saudí e incluso están mostrando condescendencia con grupos terroristas como al Qaeda y el Estado Islámico. Un embargo efectivo de armas sería la mejor manera de parar las guerras en las que está inmiscuido el Reino Wahabita y de lanzar un mensaje inequívoco sobre el compromiso de erradicar definitivamente cualquier atisbo de terrorismo en la región.
No vale todo por unos puestos de trabajo ¿Qué podrían decirle los trabajadores y trabajadoras de Navantia a las familias de los asesinados por Arabia Saudí? ¿que necesitaban carga de trabajo a cualquier precio y no les importaba armar a un país terrorista aún a sabiendas de que iban a usarlas para la guerra? Por supuesto que la responsabilidad no debe recaer en la parte más débil de la ecuación. Obviamente es tarea del gobierno encontrar trabajo para los astilleros militares públicos y que este no contravenga las más elementales normas del derecho internacional ni del sentido común. Pero lo que tampoco es de recibo es ver a partidos supuestamente de izquierdas y sindicatos —alineados con lo más execrable de los gobiernos mundiales— intentando chantajear a quienes tratan de mantener la coherencia a pesar de las presiones de todo tipo que vienen sufriendo.
Escrito por Juanlu González
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