Presidentes de diferentes países latinoamericanos han alzado su voz para rechazar el juicio político, diseñado contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
El jefe de Gobierno de Bolivia, Evo Morales, ha expresado este lunes su solidaridad con su homóloga brasileña luego de que la Cámara Baja de Brasilaprobara el juicio político (impeachment) contra la mandataria.
“Sentimos indignación por el juicio político. Esta batalla la ganará el pueblo. La verdad se impondrá siempre”, ha escrito en su cuenta en Twitter, donde en otro mensaje ha defendido la democracia de Brasil y la estabilidad de América Latina.
La presidente llegó al poder con 54 millones de votos, hoy 437 gorilas la amenazan por orden Yankee”, ha escrito Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Por su parte, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, ha reiterado su apoyo a la líder izquierdista al tiempo que ha advertido de las injerencias extranjeras en la región.
“La presidente llegó al poder con 54 millones de votos, hoy 437 gorilas la amenazan por orden Yankee”, ha tuiteado Maduro con la etiqueta #GolpeEnBrasil.
La Cancillería de Cuba, mediante un comunicado, ha condenado enérgicamente el golpe contra la democracia brasileña y ha hecho eco del apoyo de la isla caribeña al Gobierno legítimo y electo del gigante latinoamericano.
La misiva considera la decisión legislativa como parte de la contraofensiva reaccionaria de la oligarquía y el imperialismo a la integración latinoamericana y los procesos progresistas de la región.
“Asimismo, va dirigido también contra los países del llamado grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que constituyen un conjunto de poderosas economías que han desafiado la hegemonía del dólar estadounidense”, reza el texto cubano.
De acuerdo con los resultados oficiales, 367 diputados de la Cámara Baja de Brasil —el 71,53 por ciento del foro— votó favor de iniciar un impeachment contra la presidenta, y por tanto el proceso sigue adelante. Ahora el Senado de Brasil deberá organizar una comisión y decidir en los próximos 10 días si finalmente aprueba o no el juicio que intenta destituir a la mandataria.
Si más del 50 por ciento de los senadores aprueban el inicio del proceso de destitución contra Rousseff, ella deberá abandonar el cargo por un periodo de 180 días, en cuyo transcurso los parlamentarios investigarán su caso.
Funcionarios involucrados en casos de corrupción, como el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, arremeten contra la jefa de Estado brasileña por supuestamente haber permitido maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
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