lunes, 18 de enero de 2016

Defensores de los DDHH, cómplices de la masacre yemení a manos de Al Saud

Arabia Saudí, a través de una coalición formada por varios países árabes, y desde luego, con el visto bueno de sus aliados occidentales, mantiene sus bombardeos contra Yemen.

En sus ataques, el reino no escatima ningún tipo de armamento, sean bombas de racimo o armas químicas. Ante esta flagrante violación de los derechos humanos y estos crímenes contra la humanidad, los países que se autoproclaman sus defensores, como los EE.UU., el Reino Unido, Alemania y otros, no solo se han mantenido en silencio, sino que, de una forma astuta, están echando leña al fuego bélico en el país árabe. Hasta el momento, esta guerra ha dejado unos 7 mil 500 muertos y otros 14 mil heridos, según fuentes locales yemeníes.

En el siguiente artículo pretendemos analizar la ayuda de Londres y de Washington a los saudíes en la guerra contra Yemen, además del evidente doble rasero de Occidente respecto a los derechos humanos.

Ayuda militar y logística occidental a los saudíes en Yemen

Desde el inicio de la invasión saudí a su vecino sureño, el pasado 26 de marzo, se han revelado diferentes informes basados en la cooperación logística y militar de EE.UU. y el Reino Unido con el régimen de Riad. En este sentido, la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) urgió a poner fin al envío de armas prohibidas a Arabia Saudí, en un intento para evitar la muerte de civiles yemeníes.

De acuerdo con AI, Riad recibe su armamento principalmente de EE.UU. y el Reino Unido. Washington provee, entre otros, bombas de racimo, aviones y helicópteros de combate. El diario británico The Guardian, en un artículo publicado en septiembre pasado, reveló que Londres emitió unas 40 licencias de exportación de armas a Arabia Saudí, justo después del inicio de los ataques saudíes a Yemen.

En los últimos 10 meses de invasión, la coalición saudí ha convertido a Yemen en una exposición de crímenes de guerra y, en este contexto, ha contado con el apoyo de sus aliados occidentales. Además del armamento, ha tenido apoyo logístico y asesoramiento de los británicos.

El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Philip Hammond, anunció que su país desarrolla una estrecha asistencia a los saudíes en la guerra contra Yemen. Dijo que el personal militar británico ayuda en la elección de objetivos para sus ataques aéreos.

Mientras tanto, la infraestructura yemení ha quedado totalmente destruida por los bombardeos saudíes. Además de las casas, hospitales y centros sanitarios de Médicos Sin Fronteras fueron en varias oportunidades blanco de los misiles. La dimensión de las destrucciones es tan grave que el Comité Internacional de la Cruz Roja denunció la situación del sistema de salud en Yemen. La Cruz Roja, además de denunciar que, desde el inicio de la invasión saudí, más de 100 centros de salud fueron blanco de los ataques, afirmó que el cerco humanitario contra este país impide que fármacos, medicamentos y otros suministros médicos puedan llegar a los hospitales que necesitan desesperadamente de ellos.

El doble rasero respecto a los DD.HH.

La violación de los derechos humanos por Arabia Saudí no se limita al genocidio de mujeres, niños y hombres yemeníes, sino que comprende también la represión masiva de los opositores a los gobernantes en el país árabe. El último caso fue la ejecución del clérigo chií Nimr Baqir al-Nimr, el pasado 2 de enero, por criticar al régimen de Al Saud y pedir reformas en la monarquía. Además, bajo el silencio de sus aliados occidentales, Riad se ha convertido en uno de los principales patrocinadores de grupos terroristas como el Frente Al Nusra, Daesh y Al-Qaeda que luchan contra el Gobierno de Siria e Irak y avanzan sobre Oriente Medio como una sombra de muerte.

Ante esa situación, la única reacción que se ha visto de las potencias occidentales no ha sido más que una maniobra política para contentar a la opinión pública mundial, al expresar su preocupación por la grave violación de derechos humanos, aunque en la práctica no ha habido ninguna decisión firme, como sanciones o las presiones al régimen saudí, que hoy día comete todo tipo de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Estos datos nos dibujan con precisión esa realidad de que el tema de los derechos humanos es un invento de los EE.UU., en la década de los años 80, para presionar a aquellos gobiernos que mantuvieran posturas contrarias a la suya.

De hecho, por entonces, cuando EE.UU. y Francia plantearon el tema de los derechos humanos, este les permitió abrirse paso hacia la intervención en cualquier país que deseen, bajo los alegatos de defender estos derechos. De este modo se produjo el ataque a Libia, acusando al régimen del dictador Muamar Gadafi de violación sistemática de los derechos de sus ciudadanos. Bajo esta misma alegación presionaron y sancionaron a numerosos países, incluidos Irán, Rusia, China, Venezuela e intervinieron en otros, como Irak.

El caso saudí y sus petrodólares ratifican lo antes planteado y ponen de relieve la verdadera naturaleza de los gobernantes estadounidenses y británicos, esa cuya base son sus intereses económicos.

Riad es un régimen que colabora con los gobiernos occidentales en todos los ámbitos económicos, por lo que ejercer presiones contra él no es conveniente para los defensores de los derechos humanos. De acuerdo con un informe realizado por expertos del IHS Janes, en Londres, el reino saudí es el primer y principal importador de equipamiento militar a nivel mundial, superando a la India, en el año 2014, con una compra por valor de 6 400 millones de dólares. Riad emplea uno de cada siete dólares en la compra de armas, cuyo proveedor principal es Estados Unidos.

A parte de su compra de armamento, Arabia Saudí mantiene bajos los precios del petróleo, mediante el aumento de su producción, para ayudar a la economía de sus aliados occidentales. Exactamente aquí es donde se olvidan los derechos humanos.

En cierta forma, se puede decir que Occidente practica una política de doble rasero respecto a los derechos humanos, distinguiendo entre la vida de un yemení, un sudanés, un afgano y un iraquí y la de un británico, un francés o un estadounidense, una política discriminatoria que viola los derechos humanos.

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