EL GENOCIDIO DE RUANDA

En el periodo comprendido entre los meses de abril y julio de 1994 se llevó a cabo una de las mayores matanzas de la Historia: el genocidio de Ruanda. Se estima que durante el conflicto perdieron la vida más 800000 personas, sin que exista una cifra definitiva al respecto. La mayor mortandad se encuentra entre la etnia tutsi, minoritaria en la región. Este grupo pudo perder alrededor de 3/5 partes de su población.

A la vista de la pérdida de vidas humanas perdidas, la propagación del odio y las persecuciones étnicas, la ONU otorgó la definición de genocidio -acto cometido con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso- a este conflicto.

La población de Ruanda se divide en tres etnias: los BAHUTU o HUTU, que comprenden casi el 85% de la población; los BATUTSI o TUTSI, que alcanzan entre un 14% y un 15% y la minoría TWA perteneciente a la población indígena con muy poca representación. Las diferencias entre los hutu y los tutsi son de carácter histórico aunque no existan entre ellos diferencias físicas, de religión o lengua. Los pueblos bahutu y batutsi no son únicamente ruandesas si no que tienen lazos con clanes de otros países como Uganda o Burundi entre otros. Tras el genocidio, se eliminó de los documentos oficiales la diferenciación étnica para evitar que hubiese desigualdades entre los habitantes de Ruanda. Con esta medida es prácticamente imposible saber a qué etnia pertenece cada ciudadano.

La historia de Ruanda colonizada es similar a otras regiones africanas. Desde su colonización en 1899 y hasta 1916 fue un protectorado alemán pasando, tras la Primera Guerra Mundial, a ser administrado por el gobierno belga por mandato de la Liga de Naciones Unidas. Las desigualdades entre las etnias fueron constantes durante todo el siglo XX. Durante la administración belga los tutsi gozaron de una mayor posición social dentro del país. La superioridad de este grupo originó, en 1959, una revuelta de campesinos hutu que acabó con la monarquía y el sistema feudal de los batutsi. Miles de personas fueron asesinadas a manos de los bahutu y más de la mitad de la población tutsi de Ruanda huyó del país entre 1959 y 1964. Los hutu consiguieron que se reconociera la independencia del Estado ruandés en 1962. El periodo postcolonial estuvo marcado por los conflictos étnicos dentro y fuera de las fronteras de Ruanda. El gobierno hutu, de centro moderado, sufrió un golpe de Estado en 1973 por parte del General Juvénal Habyarimana, perteneciente al ala más radical de los bahutu. La nueva dictadura se radicalizó en la persecución de tutsis, pero también en la de hutus moderados o disidentes. En este contexto represivo, nació el Frente Patriótico Ruandés en el exilio, que buscó derrocar la dictadura y que se permitiera volver a los exiliados.

El 30 de septiembre de 1990, un numeroso grupo de opositores integrados en el FPR entraron en Ruanda. La guerra de guerrillas se mantuvo a lo largo de los años creando una situación de conflicto intermitente entre 1990 y 1994. En un primer momento el gobierno de Habyarimana fue apoyado por Francia, Bélgica, Zaire y la Iglesia Católica, mientras que el FPR estaba respaldado por Uganda, que a su vez recibía apoyo de Estados Unidos. Algunas de estas fuerzas precipitaron un marco internacional para llegar a la paz entre 1992 y 1993, los acuerdos de Arusha, que finalmente no llegaron a establecerse.

Aunque el punto álgido del conflicto se fecha entre los meses de abril y julio de 1994, desde el inicio de la guerra civil en 1990, los grupos paramilitares hutu, apoyados por el régimen de Habyarimana, se enfrentaron a las guerrillas tutsi perpetrando sendas masacres contra ellos.

La gran violencia se desencadenó tras la muerte del presidente Habyarimana, cuando su avión fue alcanzado por dos misiles mientras aterrizaba en el aeropuerto de Kigali. Los hutus culparon a los tutsis del magnicidio contra el presidente. La noche del 6 al 7 de abril de 1994 comenzaron las matanzas: los hutus comenzaron a asesinar a los tutsis e incluso a miembros moderados de su propia etnia. Hombres, mujeres, ancianos, niños o incluso recién nacidos fueron asesinados de manera brutal durante más de tres meses. Prácticamente el total de extranjeros residente en Ruanda fueron evacuados. A principios de abril, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estableció que lo ocurrido en Ruanda no era considerado genocidio y que, por tanto, no cabía la intervención internacional.

Mientras, la guerrilla y el ejército luchaban entre sí en cada rincón del país, si bien, la violencia penetró en la sociedad civil. El asesinato sistemático fue habitual durante estos meses: a través de los carnets identificativos se agrupaba a tutsis en grandes espacios de un pueblo o región para proceder a su destrucción sistemática. En cuanto a los hutus moderados, el sistema se conformó a través de la significación política o los delatores. Estas actuaciones estaban planificadas por las fuerzas hutus que buscaban la eliminación total del enemigo, fundamentalmente étnico. La guerrilla tutsi también perpetró asesinatos en masa, aunque cuantificados en menor número, hacia los rivales hutu. Las masacres incluían violaciones, mutilaciones genitales, abusos sexuales a niños y niñas y trato de lesa humanidad. Las armas habituales fueron machetes, cuchillos, piedras o palos; armas rústicas pero utilizadas con una violencia inusitada. Además, las persecuciones produjeron un éxodo de miles de personas que huyeron a los países colindantes, ACNUR lo considera el mayor éxodo registrado hasta el momento.

El caso de los menores fue especialmente grave en Ruanda ya que muchos niños fueron reclutados como asesinos. El caso de los niños soldado sigue siendo habitual en estas regiones y deja tremendas secuelas en la población. Actualmente existen un mínimo de 20.000 menores en esta situación repartidos por varios países en conflicto.

Durante toda la guerra agentes internacionales intervinieron para apoyar a uno u otro bando, para frenar que el conflicto se extendiese a los países del entorno o para buscar espacios de paz. Si bien, los esfuerzos fueron escasos y en muchos casos con intereses alejados del mantenimiento de la paz y la reconciliación nacional en Ruanda. Como ejemplo encontramos a la administración estadounidense que se negó a pronunciar la palabra genocidio durante todo el conflicto, nombrando las masacres como “actos genocidas”, para evitar una intervención militar.

El 17 de mayo de 1994, la ONU reconoció como genocidio las prácticas llevadas a cabo en Ruanda, pero no fue hasta el 22 de junio cuando el Consejo de Seguridad autorizó que las tropas internacionales se desplegasen en Ruanda para frenar las muertes. Esta intervención tardía provocó la caída del gobierno hutu y precipitó la victoria del FPR. Se creó un nuevo gobierno de coalición bajo el marco de los viejos acuerdos de Arusha. Miles de personas huyeron a Zaire por miedo a las represalias.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidad creó, en noviembre de 1994, Tribunal Internacional para Ruanda, con sede en Tanzania, para que enjuiciara a los presuntos violadores de los derechos humanos y responsables directos e indirectos de los actos cometidos en Ruanda durante el año 1994.

En cuanto al Gobierno de Ruanda puso en marcha un Tribunal especial para juzgar los crímenes genocidas. El Tribunal estuvo compuesto por jueces ruandeses encargados de enjuiciar a más de 50,000 detenidos tras la paz. El presidente de esta magistratura, Pasteur Bizimungu, pidió expresamente que se distinguiera entre quienes habían planificado las matanzas, quienes ejecutaron los crímenes y los que habían propagado el odio y la violencia. Esta distinción venía motivada porque la violencia se había extendido de tal manera que había niños acusados de varios asesinatos. Junto a las medidas judiciales se creó un espacio de recuerdo y conmemoración de las víctimas: el centro en Memoria del Genocidio Kigali.

La ONU declaró el 7 de abril como Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en 1994 en Ruanda. El aniversario fue una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 23 de diciembre de 2003 y su primera celebración se realizó el 7 de abril de 2004, diez años después de la matanza. La conmoción que sufrió el mundo al conocer lo ocurrido en Ruanda medró en las fuerzas internacionales como responsables. Gobiernos, organizaciones y civiles se preguntaron por qué se permitieron tales atrocidades y no se protegió a la sociedad ruandesa. Actualmente, las consecuencias del genocidio de Ruanda siguen persiguiendo a sus habitantes.