Las últimas informaciones sobre el escándalo del consorcio franco-suizo Lafarge Holcim indican la apertura de una amplia investigación sobre el ''contrato'' acordado con grupos terroristas para operar en el norte de Siria en plena guerra de 2012 a 2014.
Citado sobre el caso ante los jueces en París, el exministro de relaciones exteriores de Francia, Laurent Fabius negó conocer ese acuerdo por 13 millones de dólares para que la planta cementera de Jabaliya, a 87 kilómetros de Raqqa- entonces llamada 'capital' del Estado Islámico, Daesh- continuara operando.
El escándalo, trascendido en numerosos medios de comunicación en los últimos dos años, resurge ahora ante las investigaciones de la justicia francesa sobre la transnacional inversionista de la fábrica de Jabaliya en el 2010 a un costo de 700 millones de dólares.
Desde entonces, diversas organizaciones no gubernamentales, medios oficiales sirios y rusos, entre otros, denunciaron que los 'contratos' beneficiaron sobre todo al Estado Islámico, ocupante en la época de amplias zonas de yacimientos de fosfatos y materias primas esenciales para el sector de la construcción.
Para cualquier analista, los desmentidos de Fabius al respecto carecen de credibilidad, pretenden escamotear la verdad y manipular los hechos, surgidos con dificultad y denunciada a los medios de comunicación con insistencia por instituciones internacionales como Sherpa.
Esta última es una asociación compuesta de juristas internacionales con el objetivo de combatir las prácticas de las multinacionales responsables de violación de derechos del hombre y del no respeto al medio ambiente en el marco de sus inversiones en el extranjero.
De acuerdo con los reportes conocidos en medios jurídicos franceses e internacionales existen 'pruebas graves y concordantes', acerca de que Lafarge incurriera en la 'complicidad de crímenes contra la humanidad' por 'financiación de organizaciones terroristas'.
La organización Sherpa, entre otras, afirma que ya hay ocho exresponsables de la empresa inculpados, entre ellos, Bruno Lafont, su presidente-director general desde 2007 a 2015, y quien declaró que no supo nada del acuerdo hasta 2014.
En un continuo dime y diretes, especulaciones y escamoteo de la realidad su versión la contradice su adjunto en la época, que manifestó a los jueces que advirtió bastante antes a su superior.
Jean Claude Veillard, entonces responsable de seguridad de Lafarge, había transmitido a Estados Unidos las coordenadas GPS de la fábrica en territorio ocupado por los grupos terroristas, una petición aceptada para que jamás fueran atacados.
El entonces embajador francés para Siria(se encontraba en París, pues el presidente Francois Hollande había decidido romper relaciones diplomáticas con Damasco), Frank Gellet, juzgaba 'legítima' la petición a Estados Unidos en un mail a sus superiores, lo cual hace muy difícil que Fabius no se enterara de nada.
Veillard asegura también que estaba en contacto permanente con los servicios de inteligencia de su país: la DGSE (Seguridad Exterior), la DGSI (Seguridad interior) y la inteligencia militar (DRM). Nada, que a Fabius le será bien enredado salir limpio del escándalo.
Pero hay más datos al respecto porque el intermediario entre Lafarge y los diferentes grupos terroristas era Firas Tlass, hijo del exministro de Defensa sirio Mustafá Tlass (fallecido en París), y hermano del exgeneral Manaf Tlass, que huyó del país con la ayuda de los servicios secretos franceses en 2012.
Otro elemento más se suma al escándalo puesto que en medio de una feroz imposición del bloqueo y la guerra impuesta a Siria, Lafarge está en la lista de donantes de la Fundación Clinton y entregó hasta 100 mil dólares a la campaña de Hillary en el 2015.
La entonces candidata presidencial por el Partido Demócrata estadounidense formó parte en su momento de la dirección de la multinacional, primera en el mundo en cuatro productos: cemento,hormigón,áridos y yeso, coincidentes existentes en abundancia en el territorio sirio donde radicaba la planta de Jabaliya.
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