La ultraderecha venezolana, en sintonía con instrucciones precisas que llegan desde Estados Unidos, y en contubernio con varios gobiernos derechistas, intenta internacionalizar la crisis generada por ella, y de paso propiciar una eventual invasión a la nación suramericana.
Para ello, y como parte de un plan elaborado en Washington, la guerra mediática desatada contra la patria de Bolívar, busca crear falsos positivos que deslegitimen al gobierno bolivariano que encabeza el presidente, Nicolás Maduro, y a su vez, crear condiciones idóneas, entre ellas un presunto apoyo de la opinión pública mundial, para una eventual intervención.
Desde principios de abril, la ultraderecha se lanzó a las calles venezolanas creando un ambiente de violencia que hasta ahora acumula un saldo de 42 personas muertas, más de 900 heridos y multimillonarias pérdidas económicas en el sector público y privado.
Estos argumentos son suficientes para que un minoritario grupo de gobiernos latinoamericanos auspiciados por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, intenten justificar una intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela, un viejo plan que Washington nunca abandonó desde los tiempos del comandante Hugo Chávez.
Pero lo realmente curioso es que sea el tema de los muertos venezolanos a consecuencia de la violencia ultraderechista, la mayoría de ellos fallecidos en oscuras circunstancias que involucran a francotiradores y elementos delincuenciales empleados por los partidos opositores, lo que supuestamente llame la atención de ciertos países latinoamericanos que reclaman 'justicia' y 'respeto de derechos humanos' en Venezuela.
Entre estos gobiernos que lideran la campaña mediática contra el gobierno de Caracas está el de México que, en voz de su canciller, Luis Videgaray, dijo que 'no podemos y no debemos seguir siendo indiferentes... (...) ... es un tema que le atañe a México y al resto de la comunidad americana; se trata de una violación sistemática a los principios de la democracia'.
Casualmente, México exhibe un récord que pocos quisieran tener en materia de respeto y garantía de derechos humanos. Solo en el último período de gobierno, fueron asesinados 36 periodistas por realizar su labor informativa, lo que pone en evidencia que los diversos mecanismos para proteger la libertad de expresión y la labor periodística no demuestran eficacia.
En México, ser periodista es una profesión de riesgo, tan alto, que de marzo a mayo de este año fueron ejecutados en plena vía pública siete comunicadores, pero esto no llama la atención de Almagro, ni de la OEA, y mucho menos de la Casa Blanca.
Según expertos en el tema, México es el país latinoamericano que más viola los derechos humanos y los principios democráticos, donde se ejecutan masacres cada tres o cuatro meses, entre ellas la de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, o en Nochixtlán, Tlatlaya, Ostula, o Tepic.
También Colombia se alineó junto a Estados Unidos en la campaña antivenezolana, y a pesar que pide respeto para los derechos humanos en el país vecino, todavía no explica a la comunidad internacional el asesinato de 41 líderes sociales solo en 2017, según evidencia un informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.La OEA ni los gobiernos que apoyan su cruzada contra Venezuela, tampoco habla de lo que sucede en Brasil antes las revelaciones de corrupción del presidente golpista Temer.
De estas flagrantes violaciones a los derechos humanos no se habla en la OEA ni en Washington porque Venezuela es la víctima elegida por el poder mediático internacional.
¿Por qué? Porque gobierna el pueblo.
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