Criminalizar la inmigración ha sido hasta hoy una estrategia habitual del presidente estadounidense, Donald Trump, y ni siquiera las condenas a sus más recientes acciones en esa área llevan al mandatario a aplacar tal retórica.
Nada parece haber cambiado en la postura del hombre que el 16 de junio de 2015, al anunciar su candidatura a la Casa Blanca por el Partido Republicano, provocó gran controversia al expresar que los inmigrantes mexicanos 'traen drogas, crimen, son violadores y supongo que, algunos, son buenas personas'.
Comentarios de ese tipo se han mantenido desde su llegada al poder el 20 de enero de 2017, fecha a partir de la cual comenzaron a aplicarse criticadas medidas como un veto de viajes desde países mayoritariamente musulmanes y ataques contra las llamadas ciudades santuario.
Desde mayo pasado el tema de la inmigración se encuentra en el centro de atención de la opinión pública del país e, incluso, a nivel internacional, porque su administración comenzó a aplicar una política bautizada como 'tolerancia cero'.
Tal práctica, que implica el procesamiento criminal de todos los adultos detenidos al cruzar ilegalmente la frontera norteamericana, llevó a que más de dos mil 300 niños indocumentados fueran sacados del lado de sus padres.
Aunque ya el mandatario firmó una orden ejecutiva destinada a poner fin a la separación familiar, presionado por las extendidas condenas a su política, la acción presidencial creó nuevas preocupaciones porque no acaba con la tolerancia cero, sino que establece que padres e hijos sean retenidos juntos.
En medio de los reclamos que llegan de diversos sectores estadounidenses y de la comunidad internacional, el gobernante ha tratado de justificarse con dos posturas: por un lado, culpar a los demócratas de lo que él considera leyes migratorias débiles; y, por otro, remarcar su criminalización de los extranjeros.
Así se vio el pasado viernes, cuando el presidente celebró un encuentro en la mansión ejecutiva con familiares de personas asesinadas por inmigrantes indocumentados.
Estamos reunidos hoy para escuchar directamente de las víctimas estadounidenses de la inmigración ilegal. Se escucha al otro lado, nunca se escucha a este lado. No sabes lo que está pasando, expresó Trump ese día.
Son ciudadanos estadounidenses permanentemente separados de sus seres queridos. Permanentemente. No están separados por un día o dos días, remarcó el jefe de Estado en un intento por restar importancia al drama de las familias divididas en la frontera.
Pueden ser asesinos, pueden ser ladrones, pueden ser personas horribles, subrayó el sábado en su mensaje semanal; y ese mismo día, en un acto en Nevada, culpó a los demócratas de ser débiles en la frontera y permitir la entrada de un tremendo crimen al país.
Esos comentarios, que son muy populares entre la base conservadora del mandatario, además de que pueden ser tildados de racistas tienen el problema de no estar sustentados en ningún tipo de dato.
Los estudios de científicos sociales y del Instituto Cato han demostrado que las personas que acceden ilegalmente a Estados Unidos son menos propensas a cometer delitos que los ciudadanos norteamericanos, y los números son incluso inferiores entre los inmigrantes legales.
De acuerdo con el Instituto Cato, un 1,53 por ciento de las personas nacidas en esta nación están en la cárcel, número mayor al 0,85 por ciento de los inmigrantes indocumentados y el 0,47 por ciento de los inmigrantes legales.
Asimismo, tras analizar datos de 1990 a 2014, un estudio de marzo de la revista Criminology encontró que 'la inmigración indocumentada no aumenta la violencia', y sostuvo que los estados con mayores porcentajes de inmigración tienen tasas de criminalidad más bajas.
Por su parte, el Proyecto Marshall, en un análisis de 2018 que revisa cifras de 200 áreas metropolitanas en las últimas décadas, encontró que el crimen ha disminuido a pesar de que la población inmigrante está aumentando.
En 136 de esos espacios, casi el 70 por ciento de los estudiados, la población inmigrante aumentó entre 1980 y 2016, mientras que el crimen se mantuvo estable o disminuyó.
La cantidad de áreas donde el crimen y la inmigración aumentaron fue mucho menor: 54, un poco más de una cuarta parte del total; mientras los 10 lugares con los mayores incrementos en inmigrantes tuvieron niveles más bajos de delincuencia en 2016 que en 1980.
Pero la retórica de Trump deja a un lado tales números porque tiene la capacidad de calar en un país en el cual, según encuestas de 2017, casi la mitad de la población considera que los inmigrantes sí empeoran los delitos.
En ese tipo de sentimientos se apoya el gobernante republicano para avanzar con su agenda migratoria de línea dura, la cual busca acabar con políticas como la inmigración en cadena y la lotería de visas para privilegiar la inmigración 'basada en el mérito', y llevar a una reducción en las entradas tanto ilegales como legales.
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