El secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, apeló hoy a los ataques y la retórica injerencista sobre Cuba al anunciar una nueva medida contra la isla, y en ese ejercicio calló o tergiversó varios temas.
En el Departamento de Estado, el jefe de la diplomacia del presidente Donald Trump anunció que a partir del 2 de mayo Washington permitirá la entrada en vigor de forma completa del Título III de la controvertida Ley Helms-Burton, aprobada en 1996 para recrudecer el bloqueo impuesto al país antillano.
A través de ese apartado, nacionales de Estados Unidos podrán llevar a la cortes de este país a personas o empresas, incluyendo de terceros países, que invierten en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959, una actividad a la que Washington califica de tráfico con 'propiedades norteamericanas'.
Durante su intervención ante los medios de prensa, el titular de Estado advirtió que quienes hacen negocios con la mayor de las Antillas 'deben investigar a fondo si están conectados a una propiedad robada'.
Ese empleo de calificativos como tráfico o robo ignora el hecho de que las nacionalizaciones realizadas en la isla vecina con apego a la legalidad y al Derecho Internacional contemplaron un compromiso de compensación que Washington ni siquiera aceptó discutir.
Tales acuerdos, por el contrario, sí fueron asumidos por los gobiernos de los reclamantes de otros países.
Además, Pompeo dejó fuera de sus declaraciones el hecho de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha reiterado la disposición de la nación antillana de hallar una solución a las reclamaciones y compensaciones mutuas.
En otro momento de sus comentarios, el secretario de Estado volvió a apelar al tema de presuntas violaciones de los derechos humanos, un argumento usado por frecuencia por Washington para justificar las medidas hostiles contra la isla y, en general, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto hace casi 60 años.
Al respecto, Pompeo habló de presuntas faltas de libertades, pero no hizo ninguna alusión a que precisamente el cerco impuesto por Washington es denunciado por muchas voces como la principal violación de los derechos humanos de los habitantes de Cuba, y es, además, una política condenada por casi toda la comunidad internacional.
Dentro de sus arremetidas contra el país caribeño, el jefe de la diplomacia de Trump criticó el proceso de la nueva Constitución aprobada este año en Cuba, la cual ratificó al Partido Comunista como 'único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana'.
No dijo Pompeo sobre este tema que la nueva carta magna fue avalada en la nación vecina con el respaldo de casi siete millones de cubanos, más del 86 por ciento de los que ejercieron su derecho al voto libre, directo y secreto.
Asimismo, aunque el secretario vincula la entrada en vigor del Título III con la 'oportunidad de justicia' para los dueños anteriores de las propiedades nacionalizadas, también lo relaciona con el apoyo que Cuba brinda a Venezuela.
Pompeo sostuvo que los servicios militares y de inteligencia cubanos mantienen en el poder al presidente venezolano, Nicolás Maduro, una idea que repiten acérrimos defensores de políticas anticubanas como el senador republicano Marco Rubio y el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton.
En sus palabras no mencionó en ningún momento que el gobernante constitucional de Venezuela, contra el cual Estados Unidos es acusado de promover un golpe de Estado, fue reelegido con el 68 por ciento de los votos hace casi un año.
Según el jefe del Departamento de Estado, el comportamiento de Cuba en el hemisferio occidental 'socava la seguridad y la estabilidad de los países de la región, lo que amenaza directamente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos'.
A pesar de las seis décadas de hostilidades de Washington contra la Revolución de la isla, un presidente norteamericano, el exmandatario Barack Obama (2009-2017), reconoció en 2015 que 'Cuba no es una amenaza para Estados Unidos'.
Después de la llegada de Trump al poder el 20 de enero de 2017, y cuando era evidente que el mandatario republicano tenía la intención de revertir el acercamiento bilateral iniciado por su predecesor, más de una docena de militares retirados instaron a la nueva administración a continuar el camino hacia la normalización de relaciones.
En una carta dirigida en abril de ese año al exasesor de Seguridad Nacional H.R. McMaster expresaron que era hora de dejar de ver a Cuba como una amenaza y empezar a mirar las oportunidades de los nexos, porque permitirían fortalecer los intereses de seguridad nacional y estabilidad en la región.
Asimismo, Pompeo repitió hoy la justificación de que las medidas norteamericanas son 'en nombre del pueblo cubano', cuando la gran mayoría de los habitantes de la isla apoyaron el acercamiento iniciado bajo el ejecutivo previo.
Una encuesta difundida en enero pasado por la Universidad Internacional de Florida arrojó que también la mayoría de los cubanoamericanos residentes en el condado de Miami-Dade, Florida, ven favorablemente políticas de Obama como la expansión de las relaciones comerciales y el incremento de los viajes.
A través de ese apartado, nacionales de Estados Unidos podrán llevar a la cortes de este país a personas o empresas, incluyendo de terceros países, que invierten en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959, una actividad a la que Washington califica de tráfico con 'propiedades norteamericanas'.
Durante su intervención ante los medios de prensa, el titular de Estado advirtió que quienes hacen negocios con la mayor de las Antillas 'deben investigar a fondo si están conectados a una propiedad robada'.
Ese empleo de calificativos como tráfico o robo ignora el hecho de que las nacionalizaciones realizadas en la isla vecina con apego a la legalidad y al Derecho Internacional contemplaron un compromiso de compensación que Washington ni siquiera aceptó discutir.
Tales acuerdos, por el contrario, sí fueron asumidos por los gobiernos de los reclamantes de otros países.
Además, Pompeo dejó fuera de sus declaraciones el hecho de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha reiterado la disposición de la nación antillana de hallar una solución a las reclamaciones y compensaciones mutuas.
En otro momento de sus comentarios, el secretario de Estado volvió a apelar al tema de presuntas violaciones de los derechos humanos, un argumento usado por frecuencia por Washington para justificar las medidas hostiles contra la isla y, en general, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto hace casi 60 años.
Al respecto, Pompeo habló de presuntas faltas de libertades, pero no hizo ninguna alusión a que precisamente el cerco impuesto por Washington es denunciado por muchas voces como la principal violación de los derechos humanos de los habitantes de Cuba, y es, además, una política condenada por casi toda la comunidad internacional.
Dentro de sus arremetidas contra el país caribeño, el jefe de la diplomacia de Trump criticó el proceso de la nueva Constitución aprobada este año en Cuba, la cual ratificó al Partido Comunista como 'único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana'.
No dijo Pompeo sobre este tema que la nueva carta magna fue avalada en la nación vecina con el respaldo de casi siete millones de cubanos, más del 86 por ciento de los que ejercieron su derecho al voto libre, directo y secreto.
Asimismo, aunque el secretario vincula la entrada en vigor del Título III con la 'oportunidad de justicia' para los dueños anteriores de las propiedades nacionalizadas, también lo relaciona con el apoyo que Cuba brinda a Venezuela.
Pompeo sostuvo que los servicios militares y de inteligencia cubanos mantienen en el poder al presidente venezolano, Nicolás Maduro, una idea que repiten acérrimos defensores de políticas anticubanas como el senador republicano Marco Rubio y el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton.
En sus palabras no mencionó en ningún momento que el gobernante constitucional de Venezuela, contra el cual Estados Unidos es acusado de promover un golpe de Estado, fue reelegido con el 68 por ciento de los votos hace casi un año.
Según el jefe del Departamento de Estado, el comportamiento de Cuba en el hemisferio occidental 'socava la seguridad y la estabilidad de los países de la región, lo que amenaza directamente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos'.
A pesar de las seis décadas de hostilidades de Washington contra la Revolución de la isla, un presidente norteamericano, el exmandatario Barack Obama (2009-2017), reconoció en 2015 que 'Cuba no es una amenaza para Estados Unidos'.
Después de la llegada de Trump al poder el 20 de enero de 2017, y cuando era evidente que el mandatario republicano tenía la intención de revertir el acercamiento bilateral iniciado por su predecesor, más de una docena de militares retirados instaron a la nueva administración a continuar el camino hacia la normalización de relaciones.
En una carta dirigida en abril de ese año al exasesor de Seguridad Nacional H.R. McMaster expresaron que era hora de dejar de ver a Cuba como una amenaza y empezar a mirar las oportunidades de los nexos, porque permitirían fortalecer los intereses de seguridad nacional y estabilidad en la región.
Asimismo, Pompeo repitió hoy la justificación de que las medidas norteamericanas son 'en nombre del pueblo cubano', cuando la gran mayoría de los habitantes de la isla apoyaron el acercamiento iniciado bajo el ejecutivo previo.
Una encuesta difundida en enero pasado por la Universidad Internacional de Florida arrojó que también la mayoría de los cubanoamericanos residentes en el condado de Miami-Dade, Florida, ven favorablemente políticas de Obama como la expansión de las relaciones comerciales y el incremento de los viajes.
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